Resumen ejecutivo

Este estudio tiene por objetivo poner en evidencia patrones y tendencias comunes de violaciones sistemáticas a derechos humanos en tres proyectos hidroeléctricos financiados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) en Guatemala: (1) Canbalam en Santa Cruz Barillas (2011), (2) Santa Rita en Corbán (2012), y (3) El complejo hidroeléctrico de Ixquisis (2013), que in- cluye los proyectos de la Generadora San Mateo y la Generadora San Andrés en la microrregión de Ixquisis1, todos ellos financiados por la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo que ofrece préstamos al sector privado del Grupo Banco Mundial y el BID Invest, brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, respectivamente.

Comunidades afectadas por tres proyectos hidroeléctricos en Guatemala presentaron reclamos a los mecanismos de rendi- ción de cuentas de los BMD (la Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman -CAO- y el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación -MICI-) denunciando una suma de daños e impac- tos ambientales y sociales, así como violaciones de derechos hu- manos, que se relacionan con el incumplimiento de las Normas de Desempeño (ND) de la IFC2 y la falta de correcta supervisión y seguimiento de la implementación de las ND. En los tres casos se evidencian y se repiten patrones de violaciones a derechos de las personas afectadas y daños al ambiente. Tales reclamos se detal- lan a continuación:

1. Violaciones de derechos de los pueblos indígenas. En los tres proyectos hubo falta de reconocimiento a los pueblos indígenas. Se negó la autoidentificación como pueblo indí- gena a la población de la microrregión de Ixquisis. En los otros dos casos, no se tuvieron en cuenta impactos específi- cos en los pueblos indígenas ni hubo correcta aplicación del derecho al consentimiento previo, libre e informado (CPLI).
2. Falta de acceso a la información, a la consulta y al consen- timiento previo libre e informado. Las comunidades afec- tadas reportan que el derecho a la información, la consulta y el CPLI de los pueblos indígenas no ha sido cumplido y res- petado en ninguno de los tres casos.
3. Ruptura del tejido social y aumento de la conflictividad social. Los proyectos han erosionado el tejido social comu- nitario en los territorios ya que las empresas buscaron la aceptación de los proyectos utilizando prácticas clientelares y asistencialistas, ofreciendo a las familias determinados be- neficios a cambio de su apoyo, sin informar sobre los riesgos e impactos que tales proyectos conllevan.
4. Seguridad de la Comunidad: Represalias contra las comu- nidades. Frente a la organización y las acciones comunitarias en oposición a los proyectos, las empresas y gobiernos (ha- ciendo uso de las fuerzas de seguridad tanto privadas como públicas) respondieron con ataques a la vida, integridad y libertad de quienes se opusieron a la construcción de las hidroeléctricas.
5. Daños diferenciados en las mujeres. En ninguno de los tres proyectos se tuvieron en cuenta los impactos y los riesgos de género. Tampoco se realizaron estudios complementarios ta- les como evaluaciones integrales de género. Al no identificar riesgos e impactos diferenciados en mujeres, los mismos no se pudieron evitar, prevenir o mitigar.
6. Riesgos e impactos ambientales. Los proyectos hidro- eléctricos fueron aprobados con numerosos vacíos de in- formación respecto del impacto que ellos tendrían en los flujos de agua. Las deficiencias de los sistemas de gestión y seguimiento ambiental y social dificultaron el trabajo de evi- tar o minimizar los impactos que los proyectos tendrían en el medio ambiente, además, el impacto en la biodiversidad en las diferentes regiones y la dificultad de mantener los servi- cios ecosistémicos.
7. Compra fraudulenta de tierra. Las comunidades denuncian la adquisición de tierras de manera fraudulenta. Esta acción implicó que se cerraran caminos utilizados por las pobla- ciones de la región para transitar sus tierras y acceder a los cauces de los ríos.
8. Daños y destrucción de sitios sagrados y ceremoniales de indígenas mayas. En Ixquisis se destruyó parte de los sitios arqueológicos y las comunidades reclaman el extravío de objetos arqueológicos. En Santa Cruz Barillas, el proyecto hidroeléctrico representó una amenaza ya que propuso desviar el caudal del río afectando tres cascadas que las comu- nidades consideraban sagradas.