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Artículo

8 Sep 2021

Autor:
La Jornada de Oriente

México: Comunidades de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes señalan que Bonafont interpuso denuncias penales en su contra; la empresa realizó el anuncio públicamente

"Somos defensores del medio ambiente, no criminales: activistas de Juan C Bonilla tras denuncias en su contra", 7 de septiembre

“Somos defensores del medio ambiente no criminales”, soltaron integrantes de la organización 20 Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, tras el anuncio por parte de la empresa Bonafont de que presentó denuncias penales en contra de miembros del movimiento que tomó la embotelladora en el municipio.

En conferencia de medios, los activistas subrayaron que con estas acciones penales inicia la represión y criminalización en contra del movimiento que ha buscado preservar el agua de las comunidades de la región, además de que con estas la empresa agota su última alternativa para recuperar la planta de la que extraían más de 1 millón de litros diarios de agua, lo que secó los manantiales del pueblo. 

Manifestó que se enteraron de las denuncias penales debido a que Fabrice Salamanca, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bonafont,  hizo una serie de declaraciones públicas en el sentido de que procedió penalmente por la toma de las instalaciones, por lo que advirtieron que si criminalizan a uno, lo hacen con todos los integrantes de los 20 pueblos.  

“Hasta la fecha nosotros desconocemos contra quién van dirigidas estas denuncias pero cualquier intento de criminalización nos afecta a todos los pueblos. Para nosotros esos señalamientos violan nuestros derechos, puesto que somos defensores ambientales, no criminales”, sentenciaron. 

Adicionalmente informaron que promoverán denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las intimidaciones y persecución de la que han sido objeto integrantes del movimiento por parte de autoridades como la Guardia Nacional, la Policía estatal y representantes de la empresa.

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