Activistas y políticos estadounidenses señalaron varias quejas sobre los abusos laborales cometidos en el norte de la frontera mexicana, teniendo en cuenta las normas laborales consagradas en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). Los sindicatos de los EEUU presentaron la primera petición de derechos laborales contra México en el marco del nuevo pacto comercial regional, con la intención de proponer una objeción contra las fábricas de Tridonex en Matamoros, afirmando que se ha negado a los trabajadores el derecho a una representación independiente. Los legisladores estadounidenses también presionaron a las autoridades mexicanas para que ordenen al sindicato de General Motors (GM) Co en la ciudad de Silao que repita la votación de los trabajadores, alegando que se produjeron abusos, como la destrucción de algunas boletas y la negativa a entregar a los inspectores laborales la documentación del recuento de votos, lo que viola las determinaciones del T-MEC. El gobierno mexicano, por su vez, envió una carta al gobierno de Estados Unidos para proponer un espacio de cooperación, también en el marco del T-MEC; sugiriendo una investigación sobre la aplicación de los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes del sector agrícola en el país, pero negó que esas preocupaciones tengan relación con las quejas sobre Tridonex y General Motors. La carta es, en parte, seguimiento a la primera queja laboral interpuesta por mujeres mexicanas en el marco del T-MEC. Jornaleras, acompañadas por organizaciones sociales, pidieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para iniciar una queja laboral contra el gobierno de Estados Unidos y sus demandas fueron incluidas en la carta diplomática enviada al secretario del Trabajo estadounidense.