El conflicto laboral en Minera Tizapa arrancó con una huelga iniciada en agosto de 2024 por trabajadores de la sección sindical 219, motivada por la supuesta falta de pago del 10 % de utilidades y por denuncias de incumplimientos al contrato colectivo de trabajo (condiciones laborales —incluyendo seguridad— y contratación de terceros sin respeto al sindicato); así como la falta de pago de utilidades.

La huelga duró varios meses en una operación minera subterránea que emplea a cientos de personas sindicalizadas.

Paralelamente, en marzo de 2024 el sindicato presentó una petición ante el mecanismo de “Respuesta Rápida” del T-MEC, alegando que la empresa negaba la libertad de asociación y negociación colectiva.

Las autoridades estadounidenses —mediante la U.S. Trade Representative (USTR) y el U.S. Department of Labor — consideraron que había evidencia creíble de esas violaciones, lo que llevó a una revisión oficial. Como resultado, en mayo de 2024 se logró una resolución favorable: se reinstaló a trabajadores despedidos, se pagaron salarios atrasados y bonos que habían sido negados, se garantizó libre elección sindical y se tomaron medidas para asegurar condiciones más equitativas.