El Reporte del Primer Semestre 2025 del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú analiza las principales tendencias recientes de la conflictividad social vinculada a la actividad minera. El documento señala que la conflictividad está experimentando un nuevo giro, destacando como uno de los fenómenos más relevantes el avance conjunto de la minería ilegal, informal, comunal y artesanal, que hoy constituye uno de los principales focos de conflicto en los territorios con presencia minera.

Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, se registran 197 conflictos sociales a nivel nacional. El reporte subraya que las dificultades económicas del país no se explican por un exceso de regulaciones, sino por las limitaciones del modelo económico vigente y la alta vulnerabilidad del Perú frente a la economía global.

En la unidad minera Toqupala operada por Southern Peru (SPCC), se considera que no se han atendido adecuadamente los pasivos ambientales ni las demandas históricas de la población. Aunque la empresa ha anunciado inversiones y mejoras en Toquepala para optimizar el uso del agua y el procesamiento del cobre, la población cuestiona que estas medidas no resuelven los impactos acumulados ni garantizan la protección del recurso hídrico del que depende la región.

Grupo México no respondió a la invitación del Centro de Empresas y Derechos Humanos para comentar sobre la alegación.