Fueron 90 los ciudadanos españoles que, por razones como la preocupación porque su dirección sea pública en la Red, enviaron quejas formales frente a la Agencia Española de Protección de Datos. El caso de estas personas aún debe ser considerado por las cortes españolas, pero por el momento el gobierno del país pidió a empresas como Google que dejen de almacenar su información. Europa tiene un historial de rechazo hacia prácticas de la era digital consideradas menos controversiales en otras regiones del mundo…