"Informe de la ONU: empresas y bancos también deben rendir cuentas por desapariciones forzadas", 24 de septiembre de 2025.

El recién publicado Reporte sobre Desapariciones Forzadas en el Contexto de la Defensa de la Tierra, los Recursos Naturales y el Medio Ambiente no da lugar a la interpretación sobre qué y quiénes están detrás de las desapariciones en los territorios.

Empresas transnacionales, locales, e instituciones financieras, junto a grupos de organizaciones criminales, fueron incluidos en el listado de perpetradores no estatales detrás de las desapariciones forzadas de defensores del ambiente, la tierra y el territorio.

El informe amplió el marco de análisis de la definición de desaparición forzada, que antes limitaba la acción a eventos donde únicamente participaron agentes del Estado, e incorpora la actuación de terceros con “apoyo directo o indirecto, el consentimiento o la aquiescencia del Estado”...

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias manifestó preocupación de que estas instituciones financieras continúen sin cumplir estas obligaciones y sin reparar las violaciones a derechos humanos que financiaron sus proyectos.

Ejemplificó esta situación con el asesinato de lideresa ambiental lenca, Berta Cáceres, quien a casi diez años del crimen y “a pesar de las múltiples condenas penales por su asesinato y por fraude relacionado con un proyecto hidroeléctrico financiado internacionalmente, los financiadores del proyecto, FMO, BCIE y Finnfund, no han aplicado ni una sola medida de reparación, como emitir una disculpa, proporcionar una indemnización o garantizar la devolución de los títulos de propiedad de las tierras indígena”...