Luis Miguel Cano López is a lawyer working at the NGO Poder in Mexico, a corporate accountability organization.

1.¿Cuáles son los recursos legales disponibles para responsabilizar a las empresas de abusos a derechos humanos? ¿Cuáles son los obstáculos más importantes?

Para traer a responsabilidad a las empresas como particulares por la violación de derechos humanos tradicionalmente se tenía que acudir a juicios del orden civil en donde de igual a igual te enfrentabas con la empresa demandándole ante un juzgado por los daños que te hubieren ocasionado. Sin embargo, a partir de una reforma de la Constitución en 2011 se ha ampliado el objeto del juicio de amparo. El juicio de amparo es el medio de garantía de los derechos humanos en México por excelencia. Y, tras esa reforma constitucional y esa ampliación del sujeto de protección, se emitió una nueva ley, en abril de 2013 entró en vigor. Y esta ley, la de 2013, permite señalar a particulares como autoridades para efectos del amparo, esto es para demandarlos en un juicio federal como si fueran autoridades por la violación de derechos humanos.

2. ¿Crees que la nueva ley de amparo soluciona algunos de los vacíos y obstáculos que existen, o existían, al permitir presentar amparos contra empresas?

En el papel, por supuesto; la posibilidad establecida en ley de amparo vigente para demandar a particulares como autoridades para efectos del amparo viene a completar una laguna muy importante que se tenía en México, que hacía imposible garantizar los derechos humanos de las personas. Sin embargo, hay que reconocer que la posibilidad que está establecida en ley depende, para ser real, del compromiso que tengan los juzgados y tribunales federales del país. Una interpretación muy estrecha se varía en los caminos para demandar a las empresas que violentan derechos humanos. Una interpretación amplia por el contrario, favorecería que en México todas las personas vieran respeto a sus derechos humanos.

3.¿Cuáles son los principales retos, ambos legales y prácticos, que enfrentas cuando buscas que una empresa sea responsable legalmente por abusos a derechos humanos en México? ¿Crees que ha habido progreso en el país?

El reto principal es la desigualdad de poder con la que cuentan empresas grandes, incluso transnacionales frente a poblaciones, las cuales más de las veces no son muy bien organizadas. En primera, puede suceder que la gente no conozca bien sus derechos o que, teniendo consciencia de sus derechos humanos, no conozca los medios legales para protegerlos, o que, incluso conociendo sus medios legales, no cuente con los recursos materiales, económicos para contratar una buena defensa, o incluso con una defensa adecuada, no se tenga los recursos, de nuevo, económicos, materiales para reunir los elementos de prueba para demandar a las empresas como autoridades. La tradición, lo habitual en México ha sido que las empresas sean vistas como particulares, y que no se fijen en la desigualdad real de posibilidades de defensa entre empresas y las personas. Esto es bien importante. En la medida en que esa mentalidad judicial no cambie para que las empresas sean vistas como entes de poder, te imponen actos unilateralmente, las cosas no pueden avanzar. Una vez que cambie esa mentalidad, de nuevo, hay instrumentos legales para traerlas a juicio. Y la ventaja de ello es que, como autoridades y estas empresas grandes se ven como autoridades, tienen un nivel de cargas mucho más acorde a su posición de poder. Es decir, ya no van a estar en una igualdad procesal respecto a las personas, sino que van a estar vistas como autoridad, y en ese sentido, con mayores cargas y obligaciones.

4. Una pregunta para complementar tu respuesta sobre los retos en la defensa legal: ¿tú crees que en México el acceso a la información sobre los proyectos de las empresas es un reto actual para poder construir estos litigios?

Si, en cuanto a conocer la información de empresas voy a referir también a un caso que hace algunos años me tocó defender en materia ambiental. Muchas de las empresas que violentan derechos humanos, lo hacen porque su actividad pone en riesgo el medio ambiente, y a partir de ahí la vivienda, la salud, el agua, la alimentación, los domicilios, la integridad de las personas, altera todo el territorio y sus hábitats, incluso puede llegar a provocar un desalojo. Y estas empresas son vigiladas en materia ambiental, insisto, por la SEMARNAT, por la PROFEPA, que son autoridades federales que se encargan de cuidar el medioambiente y de vigilar que se cumplan con la normatividad en la materia. Sin embargo, hace años cuando se solicitaba información sobre las auditorías ambientales, esto es un proceso voluntario, al cual las empresas se someten para acreditar que son socialmente responsables. Cuando se solicitaba esa información, la PROFEPA decía que no la podía dar porque esa información estaba vinculada con el secreto industrial que debía protegerse para las empresas. El incentivo era terrible. Tenías que creer en un acto de fe que la autoridad ambiental veía cómo funcionaba la empresa y certificaba que funcionaba bien, de forma correcta cuidaba el medioambiente. Me tocó llevar la defensa de un par de casos por acceso a la información medioambiental que fue calificada como secreto industrial. Y la pregunta es elemental: ¿cómo puedo yo asegurarme que van a remediar este desastre ambiental si uno, no participo, no se me informan, no puedo ni siquiera dar mi punto de vista, pero, además, ni siquiera puedo tener acceso, no puedo leer la información que supuestamente acreditaría que se va a reparar la situación? El asunto sigue siendo complicado. Hoy el secreto industrial podría ser un tema.

5. Si pudieras dirigir un mensaje a la comunidad internacional; ¿qué les dirías sobre la rendición de cuentas en México? ¿Hay alguna forma en la cual la comunidad internacional puede ayudar?

Primero, es bien importante que se vaya más allá del discurso oficial. En el discurso oficial, México ha firmado todos los compromisos posibles en materia del respeto de derechos humanos, y las autoridades siempre van a insistir que se están llevando a cabo las acciones para que los derechos humanos sean una realidad y la guía del actuar de nuestras autoridades. Pero esto es solamente eso, discurso. Hay mucha necesidad de apoyo en organización y en lo económico y en colaboración en cuanto a opiniones técnicas. Las más de las veces los tribunales no asuman su tarea de defender los derechos humanos de la gente. Las comunidades, las personas, las organizaciones tienen que hacerse de un montón de pruebas para demostrar varios puntos en un caso complicado contra empresas sin tener los mismos recursos. Entonces, ahí es muy importante que se cuente con el apoyo internacional para defender causas de medioambiente, de calidad del agua, de alimentación. Es muy importante pues ir, documentar los casos, colaborar, incluso dar financiamiento.

6. ¿A veces colaboras con abogados y abogadas de otros países? Y si este es el caso, ¿Cómo es la colaboración?

A mí me ha tocado colaborar con organizaciones medioambientales en México, Greenpeace en el tema de transgénicos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental-CEMDA. Directamente a mí no me ha tocado colaborar todavía con otras organizaciones pero sí, por ejemplo, en los temas de transgénicos, CEMDA, Greenpeace, que son, pues, digamos, organizaciones que son especializadas en la materia con mucha más trayectoria, sí tienen, yo he atestiguado, estos puentes de colaboración para presentar amicus en los casos que llegan a los tribunales y la suprema corte de justicia. Por mi parte, en su momento conocí el trabajo de AIDA, que parecía muy muy importante lo que estaban haciendo. A mí me ha tocado más bien ayudar a las organizaciones en el país, que a su vez tienen contactos con organizaciones internacionales.

7. Y por último, si pudieras enviar un mensaje a la comunidad empresarial, ¿qué les dirías sobre la rendición de cuentas en abusos a derechos humanos?

Pues, lo primero sería recordar que el sustento de la actividad industrial comercial, el de lo que hacen las empresas, son también derechos humanos: el derecho al trabajo, el derecho al comercio, el derecho a la industria. Pero esos derechos están condicionados al respecto de otros derechos de otras personas de la población en general. Y esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer la planeación estratégica de los negocios que se tiene. Sé que hay países que pueden ser atractivos en la comunidad internacional porque son más laxos en cuanto a los niveles de protección que dan a sus propias poblaciones frente a la inversión y el desarrollo económico, pero deberían de recordar que los derechos humanos son universales o pretenden serlo, y todas las personas los tenemos. Por lo cual me parece que es mejor no tomar ese riesgo y, bueno, pues simplemente reconocer lo obvio que a largo plazo la mejor inversión es defender y respetar los derechos humanos de la gente, no explotarla, ni a la gente, ni a los recursos naturales de los países que no están tan comprometidos en su defensa.