"La represión a la que se enfrentan actualmente activistas medioambientales que utilizan la desobediencia civil pacífica es una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos. La emergencia ambiental a la que nos enfrentamos colectivamente, y que los científicos han estado documentando durante décadas, no puede abordarse si se criminaliza a quienes dan la voz de alerta y exigen que se tomen medidas al respecto. La única respuesta legítima al activismo ambiental pacífico y a la desobediencia civil en este momento es que las autoridades, los medios de comunicación y el público se den cuenta de lo esencial que es para todos nosotros escuchar lo que las personas defensoras del medio ambiente están denunciando".
— Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre personas Defensoras del Medio Ambiente en virtud de la Convención de Aarhus.
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En 2023, personas de todo el mundo salieron a las calles para exigir a los gobiernos que protejan su derecho y el de las generaciones futuras a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. La evidencia científica muestra que la humanidad está excediendo la mayoría de los límites del planeta dentro de los cuales podemos desarrollarnos y prosperar para las generaciones venideras, impulsada por un paradigma económico basado en la maximización de las ganancias y la extracción y el consumo insostenibles de recursos. La triple crisis planetaria –el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad– amenaza todos nuestros derechos. A través de la participación en la acción directa, la protección de sus tierras y territorios de los proyectos de combustibles fósiles, la denuncia de la contaminación y la presentación de demandas contra las empresas por daños ambientales, las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) continúan reafirmando que la verdadera justicia climática solo puede lograrse cuando se respetan, se protegen y se cumplen los derechos humanos. Escuchar a las personas DDH es vital para comprender los riesgos y daños asociados con la actividad empresarial y para garantizar que la transición a economías verdes sea justa y beneficie a las personas trabajadoras y a las defensoras del medio ambiente y a sus comunidades.
A pesar de ello, en 2023 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos registró 630 casos de ataques contra personas que denunciaban los daños relacionados con empresas. Esto hace parte de un patrón constante y continuo de ataques contra personas DDH que protegen nuestros derechos y el planeta en todo el mundo, con más de 5.300 ataques registrados desde enero de 2015.
Las empresas y los inversionistas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y el potencial de crear impactos positivos significativos para la sociedad al anteponer a las personas y la naturaleza a sus ganancias. Algunas empresas ya están demostrando que esto es posible mediante la construcción de proyectos que se centran en las negociaciones justas, la prosperidad compartida y el respeto de los derechos humanos. Algunos gobiernos y empresas también se han centrado cada vez más en la protección de las personas DDH y en la apertura del espacio cívico, impulsado por años de incidencia de la sociedad civil. Desafortunadamente, esta es la excepción. Muchos actores empresariales están incumpliendo su responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que perjudica a las personas y al planeta. Para algunos actores empresariales, esto incluye ejercer su poder para socavar y atacar a quienes denuncian el daño corporativo y para restringir el ejercicio de las libertades cívicas (libertad de expresión, asociación y reunión).
La magnitud de los ataques muestra que la acción voluntaria de las empresas para proteger los derechos humanos por sí sola está fracasando y que los Estados deben aprobar urgentemente una legislación sólida y obligatoria sobre derechos humanos y diligencia debida en materia de medio ambiente. También deben promulgar e implementar leyes que reconozcan el derecho a defender los derechos de manera segura y el papel vital de las personas DDH para lograr un futuro justo y sostenible.
Entre enero de 2015 y diciembre de 2023, el Centro de Información documentó más de 5.300 ataques en todo el mundo contra personas DDH que denunciaban el daño corporativo.
Solo en 2023, identificamos 630 ataques que afectaron directamente a unas 20.000 personas. Más de tres cuartas partes (78%) de estos ataques fueron contra personas que tomaban medidas para proteger el clima, el medio ambiente y los derechos sobre la tierra. Muchos de estos ataques fueron perpetrados por agentes estatales.
Esto es solo la punta del iceberg.
Nuestra investigación se basa en información disponible públicamente y, debido a que muchos ataques, especialmente los ataques no letales (incluidas las amenazas de muerte, el acoso judicial y la violencia física), nunca llegan a los medios de comunicación y sigue habiendo una brecha significativa en el monitoreo gubernamental de los ataques, el problema es aún más grave de lo que indican estas cifras. Además, un "ataque" puede ser contra una persona mencionada en fuentes públicas o contra un gran número de personas no identificadas, como un caso de presentación de cargos contra 11.000 trabajadores de la confección que protestaban por salarios más altos en Bangladesh. Por lo tanto, el número de personas DDH que sufren ataques es mayor que el número de ataques mencionados aquí. Estos ataques también pueden afectar la seguridad física y el bienestar mental, emocional y económico de las personas DDH. Además, los ataques contra las personas DDH tienen un efecto más amplio, ya que causan daño a las familias de las personas DDH, a sus comunidades y a los movimientos de resistencia. También pueden tener un efecto disuasorio en la defensa de los derechos humanos en general. Acá puede acceder a más información sobre nuestra metodología de investigación.
Panorama global
Desde que comenzamos a monitorear los ataques en 2015, América Latina y el Caribe y Asia y el Pacífico siguen siendo las regiones más peligrosas para las personas DDH. En 2023, el 41% de los ataques tuvieron lugar en América Latina y el Caribe (258) y el 30% en Asia y el Pacífico (195).
En 2023, los países con el mayor número de ataques contra personas DDH que denunciaban el daño corporativo fueron Brasil (68), India (59), México (55), Honduras (44), Filipinas (36), Estados Unidos (27), Irán (24), Colombia (22), Indonesia (18), Uganda (18), Francia (16) y Reino Unido (15).
Tipos de ataques
Los ataques contra las personas DDH también representan un ataque directo al espacio cívico y un ataque a las libertades fundamentales en las que se cimienta una sociedad sostenible, inclusiva y pacífica. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 busca promover sociedades pacíficas e inclusivas y el indicador 16.10.1, que registra asesinatos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos, es el principal indicador del disfrute global de estas libertades fundamentales en el marco de los ODS. Sin embargo, de los 162 países que han presentado Revisiones Nacionales Voluntarias en las que se informa sobre el progreso de los ODS desde 2015, solo tres (menos del 2%) indicaron que al menos un defensor de los derechos humanos había sido asesinado o atacado. Siete países reportaron cero casos y el 94% de los países no reportaron ninguno.
Asesinatos
En contraste, solo en 2023, el Centro de Información documentó 87 asesinatos de personas DDH que denunciaron daños corporativos. Conmemoramos la vida, el coraje y el trabajo vital de estas personas DDH. Los ataques contra ellas deben ser investigados y los autores deben ser llevados ante la justicia. Desafortunadamente, la mayoría de los ataques, tanto letales como no letales, contra las personas DDH no se investigan o quedan impunes, lo que promueve una cultura de impunidad y alimenta nuevos ataques.
Los cinco tipos de ataques registrados con más frecuencia
"¿Te imaginas si nos vamos todos los que defendemos la Amazonía, si al final nos retiramos de las denuncias por miedo? ¿Qué será del resto? Quedarán a merced de los madereros y del narcotráfico, por lo que no es tan fácil como decir ‘me voy’."
– Quinto Inuma Alvarado, Mongabay 2022
Quinto Inuma Alvarado era un conocido defensor de los derechos humanos Kichwa de Perú y líder en la comunidad de Santa Rosillo de Yanayaku. Participó en foros nacionales e internacionales representando a su comunidad, compartiendo información sobre las amenazas a los pueblos indígenas en la Amazonía y abogando por medidas efectivas para la protección de los derechos humanos. Él y miembros de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayaku han sufrido ataques desde 2017 por oponerse a la actividad comercial ilegal y la deforestación en su territorio, incluyendo golpizas, secuestros y amenazas de muerte.
Vicki Brown, FPP
Quinto buscó la protección de la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, y ayudó a llevar el caso de la comunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue una de las primeras personas DDH en Perú en activar el mecanismo de alerta temprana del Ministerio de Justicia en el marco de su Protocolo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y posteriormente el Mecanismo Intersectorial, pero sus medidas fueron insuficientes. También solicitó la acción de la Fiscalía Especial para Asuntos Ambientales (FEMA) y la Fiscalía Antidrogas. Sin embargo, los procedimientos de la fiscalía a duras penas avanzaron y se retrasaron y pospusieron más de una docena de veces debido a la supuesta falta de recursos y a los informes policiales de que Santa Rosillo de Yanayaku era demasiado peligroso para que ellos viajaran.
Santa Rosillo de Yanayaku
El 29 de noviembre de 2023, Quinto fue asesinado por hombres encapuchados cuando regresaba de un seminario para defensores ambientales en Ucayali. Su asesinato pone de relieve los graves riesgos a los que se enfrentan los defensores indígenas, la necesidad urgente de medidas de protección más estrictas y la acción inmediata para proteger los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía, incluidos sus derechos a la autodeterminación, la tierra y el consentimiento libre, previo e informado, que sus colegas han planteado en la COP28 y en otros foros internacionales. El 4 de febrero, miembros de la organización criminal "Los chacales de Santa Rosillo", entre ellos dos autoridades locales, fueron detenidos como sospechosos del asesinato de Quinto. También hay varios procesos penales en curso contra los detenidos por favorecer el tráfico ilícito de drogas y la destrucción de bosques a través de la tala ilegal. La madera adquirida a través de la tala ilegal a menudo termina en las cadenas de suministro de las empresas; Se estima que entre el 15 y el 30 por ciento de toda la madera comercializada a nivel mundial se obtiene ilegalmente.
"Estamos pidiendo cadena perpetua. Nadie podrá remediar esto. Una familia ha quedado destrozada y sin hogar. Si el Estado hubiera actuado a tiempo, mi padre no estaría muerto... Vamos a continuar el legado que mi padre siempre quiso, porque las cosas por las que mi padre siempre había luchado nunca fueron para beneficio personal, es el beneficio para toda su población, y a nivel mundial, que es defender los bosques, sus tierras; son más de 23 mil hectáreas por las que luchó para que no sean deforestadas..." - Kevin Inuma, El hijo mayor de Quinto, en infobae.
Ataques no letales
Los ataques no letales, como la intimidación, las amenazas, la vigilancia, las campañas de difamación y el acoso judicial, suelen ser precursores de asesinatos, por lo que es vital que los Estados recopilen datos sobre los ataques contra las personas DDH y fortalezcan sus mecanismos de protección. Los ataques no letales se utilizan para intimidar a las personas DDH, sus familias y comunidades, detener su trabajo de derechos humanos y pueden tener un efecto disuasorio más amplio en la defensa de los derechos humanos y un impacto negativo en los tejidos sociales dentro de las comunidades.
Desde 2015, el Centro de Información ha rastreado 4.436 ataques no letales contra personas DDH que denuncian el daño corporativo en 137 países, y sabemos que esto es la punta del iceberg. En 2023, el 86% de los casos que rastreamos fueron no letales, incluidas detenciones arbitrarias (157), violencia física (81), intimidación y amenazas (80), demandas estratégicas contra la participación pública (38) y otros.
Represión de la protesta pública y desobediencia civil
Los gobiernos están reprimiendo el derecho a protestar en todo el mundo, desde ataques contra los trabajadores de la confección que protestan por un salario digno en Bangladesh hasta personas que toman medidas en apoyo de los derechos palestinos. Muchos Estados están adoptando nuevas leyes que restringen la libertad de reunión y utilizan las existentes para reprimir a las personas activistas climáticas, las mismas personas que defienden una transición justa. Casi un tercio de la población mundial vive ahora en países con espacios cívicos cerrados y solo el 2% de la población mundial disfruta de la libertad de asociarse, manifestarse y expresar su disenso sin restricciones significativas, frente a casi el 4% de hace cinco años.
Personas de todo el mundo, a menudo lideradas por jóvenes activistas, están utilizando una amplia gama de estrategias para persuadir a los gobiernos de que cumplan urgentemente con su deber de proteger el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, incluida la acción directa y la desobediencia civil. La desobediencia civil (actos de violación deliberada de la ley en relación con asuntos de interés público que se llevan a cabo de forma pública y no violenta, como el bloqueo de carreteras y el tráfico, la ocupación de oficinas de funcionarios públicos y atarse físicamente a los equipos de la empresa) es una forma de ejercer los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica garantizados por los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El respeto de estos derechos es esencial para una transición justa hacia economías verdes. Las consultas previas al inicio de los proyectos empresariales suelen ser deficientes e insuficientes, y la protesta se ha convertido en una de las únicas vías para poner de relieve los riesgos y daños asociados a esas operaciones. Comprender estos riesgos ambientales y de derechos humanos es vital para mitigar los daños y garantizar que la transición sea rápida y justa.
Mamunur Rashid via Shutterstock (licensed)
En 2023, registramos numerosos casos de ataques contra personas involucradas en la desobediencia civil para instar a la acción climática, incluidas las detenciones de personas defensoras indígenas que se oponían al gasoducto Coastal GasLink en Canadá (los comentarios de TC Energy están disponibles aquí), las detenciones de decenas de personas que protestaban contra la producción de carbón en Australia y el acoso judicial a activistas protestando contra el oleoducto Mountain Valley en los EE. UU. (una respuesta de Mountain Valley Pipeline está disponible aquí).
En su último informe, publicado en febrero de 2024, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre Personas Defensores del Medioambiente en Virtud del Convenio de Aarhus, Michel Forst, identificó una tendencia a la represión y la criminalización de la protesta medioambiental pacífica y la desobediencia civil, concretamente en toda la UE, que abarca los medios de comunicación y el discurso político, la legislación y la política, las fuerzas del orden y los tribunales, lo que, según él, es una gran amenaza para la democracia y los derechos humanos.
El 23 de octubre de 2023, al menos 30 personas activistas fueron detenidas tras las protestas que siguieron a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de un contrato de explotación de cobre en la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, ante la declaración de inconstitucionalidad del contrato anterior. A principios de 2024, 21 de los detenidos estaban acusados de terrorismo.
Carolina Soto Ramos, Shutterstock (licensed)
Desde el inicio de las protestas en octubre de 2023, varias personas han resultado heridas, entre ellas el periodista y activista Aubrey Baxter, que perdió un ojo debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El 1 de noviembre de 2023, Diógenes Sánchez, miembro de la Asociación Panameña de Maestros (Asoprof), fue detenido por la policía tras su participación activa en las protestas. El 7 de noviembre, Abdiel Díaz e Iván Rodríguez fueron asesinados a tiros por un hombre armado. El Centro de Información invitó a Minera Panamá y First Quantum Minerals a responder; No lo hicieron.
Visión general de los sectores
Los ataques contra las personas DDH ocurren en relación con casi todos los sectores empresariales en todas las regiones del mundo. Desde que comenzamos a rastrear los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en enero de 2015, los sectores relacionados con el mayor número de ataques – minería (1.475), agroindustria (984) y petróleo, gas y carbón (491) – son los que alimentan la crisis planetaria y que tienen una influencia significativa en la justicia de la transición energética, dado su papel en la minería de minerales de transición y la inversión en energías renovables. Este fue nuevamente el caso en 2023, con la minería relacionada con 165 ataques, la agroindustria con 117 y el petróleo, el gas y el carbón con 112.
Dado que la información pública relacionada con las conexiones comerciales con los ataques es limitada y muchos ataques no se documentan, creemos que estas cifras son más altas.
Minería de minerales para la transición
Las proyecciones de la Asociación Internacional de Energía apuntan a un aumento de seis veces en la demanda de minerales de transición para 2040 para apuntalar el cambio global hacia tecnologías de energía limpia, por lo que existe una necesidad particularmente urgente de que las empresas mineras adopten e implementen compromisos de política pública para no tolerar ni contribuir a los ataques contra las personas DDH. Además, las empresas mineras deben respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, ya que más de la mitad de la base mundial de recursos para materiales cruciales para la transición energética se encuentra en las tierras de los pueblos indígenas o cerca de ellas.
Los pueblos indígenas también se encuentran entre los primeros afectados por la crisis climática y constituyen una gran proporción de los pobres de las zonas rurales que no tienen acceso a la energía. Ellos defienden una transición hacia las energías renovables que respete los derechos humanos, además de la inclusión de sus derechos a la autodeterminación; tierras, territorios y recursos; y el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), incluido su derecho a definir el proceso mediante el cual se logra el CLPI y al derecho a decir que no.
El CLPI no es simplemente un proceso de participación o consulta de las partes interesadas, como es la práctica común actual de la industria, sino que es una expresión del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, de acuerdo con sus propios procedimientos. Se trata de una salvaguardia reconocida por el derecho internacional, destinada a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos sus derechos a su identidad cultural, sus tierras, territorios y sus recursos.
El Monitor de Minerales de Transición del Centro de Información ilustra cómo los mayores productores del mundo de algunos de los minerales clave necesarios para la transición a cero emisiones de carbono no están abordando los riesgos y los impactos en las comunidades locales, incluyendo los ataques a las organizaciones de la sociedad civil y sus líderes. Con la multiplicación de los impactos de la crisis climática mundial, en particular para las comunidades indígenas y otras comunidades marginadas, es crucial que la transición energética no se produzca a expensas de tales comunidades.
La bauxita es uno de estos minerales clave. Es una fuente primaria de aluminio, un componente clave en varias tecnologías limpias esenciales para lograr la transición energética. Esto incluye una mayor utilización por parte del sector del transporte para la producción de automóviles híbridos y eléctricos, y por parte del sector energético para el desarrollo de la energía fotovoltaica, para la que el aluminio representa el 85% de sus componentes.
Se prevé que la demanda de aluminio se duplique para 2050. Las reservas y los recursos de bauxita tienen el mayor grado de superposición (94%) con tierras indígenas y/o campesinas. Además, aproximadamente el 44% de las reservas mundiales de bauxita se encuentran en estados clasificados como frágiles o muy frágiles, y el 68% de estos estados se perciben como corruptos o muy corruptos. La minería de bauxita también contribuye a la degradación del medio ambiente, ya que las operaciones actuales representan el 2% del 10% que el sector minero contribuye a las emisiones globales. Estos factores ponen de relieve la necesidad apremiante de identificar y mitigar los riesgos ambientales y de derechos humanos asociados a la extracción de bauxita. El respeto de los derechos humanos, el reconocimiento de las comunidades de acogida como socios en pie de igualdad y el compromiso del Norte Global de frenar la demanda de minerales de transición deben reflejarse en la formulación de políticas, las decisiones de inversión y los enfoques operativos.
La India es el sexto mayor productor de bauxita del mundo, representando aproximadamente el 6% de la producción mundial. La bauxita se extrae en varios estados de la India, incluido Odisha. Las comunidades indígenas se han opuesto a los proyectos mineros de bauxita en Odisha durante muchos años, denunciando riesgos para los derechos humanos y para el medio ambiente en los proyectos propuestos por Vedenta Resources, el Grupo Adani e Hidanco Industries Limited. El Centro de Información invitó a estas compañías a responder; ellas negaron las alegaciones.
Una organización liderada por las comunidades que resisten a la minería de la bauxita es Niyamgiri Surakhya Samiti (INSS). En agosto de 2023, Krushna Sikaka y Bari Sikaka, del NSS, fueron secuestradas por la policía y otros nueve miembros de la organización fueron acusados de reunión ilegal por protestar por el secuestro de sus compañeros. Estos defensores son Ladda Sikaka, Drenju Krushka, Manu Sikaka, Samba Huikia, Lingaraj Azad, Gobinda Bag, Upendra Bag, British Naik y Lenin Kumar. El 16 de agosto de 2023, otros tres miembros del NSS, Dhanful Majhi, Sitaram Majhi y Anil Nayak, también fueron detenidos.
Además, el 16 de octubre de 2023, el Gobierno de Odisha celebró una audiencia pública relacionada con el proyecto minero de bauxita Sijimali propuesto por Vedanta Resources. De camino a la audiencia, varias mujeres de la aldea de Banteji que protestaban contra el proyecto fueron golpeadas por la policía. Durante la audiencia, Dibakar Sahu y Jitender Majhi, que habían criticado abiertamente el proyecto minero, fueron arrestados. Las organizaciones de la sociedad civil han dicho que es probable que el proyecto desplace a 100 familias de 18 aldeas y afecte a los medios de subsistencia de otras 500 familias. En noviembre de 2023, el Centro de Información invitó a Vedanta Resources a responder; la respuesta está disponible aquí. En mayo de 2024, Vedanta Resources envió una respuesta adicional para este informe; está disponible aquí.
Riesgos para personas DDH relacionadas con iniciativas climáticas clave
Las cumbres climáticas de COP y las asociaciones JET requieren de un espacio abierto para el intercambio y para la protección de las personas DDH en asocio con los pueblos indígenas que juegan un papel crítico para garantizar una transición justa y rápida.
Conferencia de las Partes y restricciones al espacio cívico
Conferencia de las Partes y restricciones al espacio cívico
Una tendencia preocupante en los últimos años ha sido la selección de los países anfitriones de las cumbres climáticas de la COP, donde el espacio cívico está gravemente amenazado. Si las personas DDH no están seguras para protestar y denunciar, estas cumbres corren el riesgo de silenciar las voces y las soluciones cruciales para promover la justicia climática, la transición justa y la responsabilidad corporativa por los impactos climáticos.
En diciembre de 2024, la COP29 será organizada por Azerbaiyán, un país calificado como "cerrado" (con una puntuación de 16/100) por Civicus con respecto al espacio cívico. En 2022, el premio Derechos Humanos y Empresas fue otorgado a la Organización de Protección de los Derechos de los Trabajadores del Petróleo (OWRPO) en Azerbaiyán, que defiende los derechos de los trabajadores de la industria del petróleo y el gas y busca el monitoreo público de proyectos de petróleo y gas a gran escala en un contexto particularmente desafiante. Durante la última década, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por las restricciones impuestas a las personas DDH que trabajan en cuestiones de empresas y derechos humanos, así como en casos de persecución y el acoso a la sociedad civil.
En 2023, registramos 13 casos de ataques contra personas DDH en Azerbaiyán, incluidos ocho relacionados con la mina Gedabeck de Anglo Asian Mining PLC, que produce cobre y zinc, dos minerales para la transición clave. El Centro de Información invitó a Anglo Asian Mining a responder; no lo hizo
La COP30 se llevará a cabo en Brasil, el país más peligroso en 2022 y 2023 para las personas defensoras de derechos humanos que denuncian el daño corporativo. Durante su primer año, la administración encabezada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha logrado importantes avances en la protección de la Amazonía, los derechos de las mujeres y otros derechos. Sin embargo, el legado de polarización, la postura antiambiental y antiindígena del expresidente Bolsonaro, que llevó a un aumento de la deforestación y a que los ataques contra los pueblos indígenas se duplicaran durante su gobierno, es un desafío difícil de superar para el nuevo gobierno. Una señal positiva de 2023 fue la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, liderado por Sonia Guajajara, quien creó un gabinete de crisis para monitorear los conflictos por la tierra en el sur de Bahía.
Sin embargo, los compromisos del gobierno de Lula de proteger la biodiversidad y reducir la deforestación solo tendrán éxito si se protegen los derechos de las personas defensoras indígenas y ambientales en Brasil y se respeta su liderazgo.
A lo largo de 2023, registramos ataques contra las comunidades indígenas Pataxó y Pataxó Hã-hã-hãe en el sur de Bahía. Individuos asociados al crimen organizado, terratenientes y ganaderos (a menudo apoyados por la policía o las fuerzas armadas) han invadido las tierras de la comunidad indígena Pataxó Hã-hã-hãe para utilizarlas en proyectos de agroindustria. Grandes terratenientes del sector agroindustrial, conocidos por desmantelar ocupaciones de tierras sin respaldo judicial en la región, han formado un grupo llamado Invasión Cero, que actualmente está siendo investigado por actuar como milicia rural en la perpetración de ataques. En enero de 2024, la líder espiritual Maria de Fátima Muniz, conocida como "Nega Pataxó", fue asesinada durante uno de sus intentos de apropiación ilegal de tierras.
El 30 de mayo de 2023, seis camionetas y un camión llegaron a una zona recientemente recuperada por el pueblo Pataxó en el territorio indígena de Barra Velha y abrieron fuego contra la comunidad. Un hombre recibió un disparo en la espalda. El territorio indígena Barra Velha está conformado por varias aldeas del pueblo Pataxó y ha sufrido intensos conflictos desde principios de la década de 2000. Fue en este mismo territorio donde los defensores indígenas, Samuel Cristiano do Amor Divino y Nawy Brito de Jesus, fueron asesinados en enero de 2023.
Criminalización de los pueblos indígenas
Criminalización de los pueblos indígenas
"Los pueblos indígenas son actores vitales en las soluciones climáticas. Las respuestas a la crisis climática deben basarse en la asociación con los pueblos indígenas como administradores de la naturaleza y protectores de nuestra biodiversidad. Debemos poner fin a la criminalización de los pueblos indígenas y respetar sus derechos colectivos e individuales". - Joan Carling, Internacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI)
En 2023, más de una quinta parte de los ataques (22%) fueron contra personas defensoras indígenas, que protegen más del 80% de la biodiversidad restante del mundo, aunque representan aproximadamente el 6% de la población mundial. Más de tres cuartas partes (78%) de estos ataques tuvieron lugar en América Latina.
Desde enero de 2015, hemos documentado más de 1.000 ataques contra personas defensoras indígenas en todo el mundo, el 93% de los cuales denunciaban daños a sus tierras y territorios, nuestro clima y/o el medio ambiente. Como documentamos en nuestra sesión informativa de 2022 con el IPRI, algunos proyectos promulgados con el objetivo de mitigar el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos los proyectos de energía renovable, la minería de minerales de transición y las iniciativas de conservación, están amenazando los derechos y la seguridad de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos, los alimentos, el agua, el CLPI, las tradiciones y costumbres culturales y su derecho a defender los derechos.
Con miles de años de experiencia en la gestión ambiental, los pueblos indígenas son líderes vitales en la lucha para proteger nuestro planeta. También se encuentran entre los primeros grupos en experimentar las consecuencias directas del cambio climático, a pesar de haber contribuido muy poco a sus causas. Las empresas deben respetar los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a ejercer el CLPI según lo hayan definido ellos, lo que incluye el derecho a decir no. Los Estados deben promulgar e implementar leyes que protejan los derechos específicos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Algunas comunidades indígenas y rurales, empresas progresistas e inversionistas, con el apoyo de los gobiernos, ya están demostrando que no solo es posible, sino ventajoso, construir proyectos de energía renovable que brinden prosperidad compartida y reconozcan el liderazgo indígena. Estos diseños encierran la promesa de la "Triple Victoria": donde las comunidades y los trabajadores obtienen medios de vida decentes, flujos de ingresos a largo plazo, protección del medio ambiente y control sobre los proyectos dentro de sus comunidades. Mientras tanto, los inversionistas y las empresas obtienen entornos de inversión estables y propicios, y nuestro planeta obtiene una rápida acción de transición hacia el restablecimiento de un clima estable. Las comunidades indígenas a menudo lideran el camino en estos modelos, especialmente en países donde sus derechos sobre la tierra están más salvaguardados.
Por ejemplo, la Primera Nación Neqotkuk, en el este de Canadá, posee una participación del 51% en el Proyecto de Energía Wocawson con Natural Forces (49%), una empresa de energía renovable que ha hecho crecer su negocio asociándose con comunidades indígenas en proyectos solares y eólicos. El proyecto generó más de US$400.000 para la comunidad en el primer año, y se duplicará en el siguiente. Las ganancias se han invertido en parte en infraestructura comunitaria, especialmente viviendas, para reducir el hacinamiento. Es necesario que las empresas, los inversionistas y los gobiernos se comprometan más a apoyar los modelos de copropiedad/equidad basados en los derechos humanos, ya que estos representan una oportunidad para re-imaginar el sector energético sobre la base de la justicia y la equidad.
Alianzas para una Transición Energética Justa (JET-P)
Alianzas para una Transición Energética Justa (JET-P)
El modelo de financiación de la Alianza para una Transición Energética Justa (JET-P, por sus siglas en inglés), anunciado en la COP26 de Glasgow, proporciona una financiación multimillonaria para apoyar a las economías emergentes que dependen en gran medida del carbón en la transición a fuentes de energía más limpias. Las tres primeras asociaciones fueron con Sudáfrica, Indonesia y Vietnam.
La financiación para apoyar una transición completa del carbón a las energías renovables es vital para mitigar la crisis climática. También es esencial que esta transición respete los derechos y que estos gobiernos garanticen la protección de los derechos de las personas DDH. Indonesia es uno de los países más peligrosos para las personas DDH que denuncian daños relacionados con las empresas, en particular los relacionados con el aceite de palma y los proyectos mineros. Por ejemplo, los pueblos indígenas O'Hongana Manyawa luchan por defender sus territorios consuetudinarios de la minería de níquel en la isla de Halmahera, en la provincia indonesia de las Molucas del Norte. Las actividades mineras de níquel han afectado a enormes áreas de selva tropical en Halmahera, hogar de los clanes O'Hongana Manyawa, algunos de los cuales permanecen en aislamiento voluntario. La minería en sus tierras es ilegal según el derecho internacional, ya que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial no pueden dar CLPI. Un informe reciente de Climate Rights International (CRI), basado en entrevistas con personas que viven cerca de las operaciones de minería y fundición de níquel, describe graves amenazas a sus derechos sobre la tierra, el derecho a practicar sus formas de vida tradicionales, el derecho al acceso al agua potable y el derecho a la salud debido a las actividades mineras y de fundición. Además, los miembros de la comunidad que se negaron a vender sus tierras o hicieron denuncias relacionadas con el proyecto manifestaron haber sufrido intimidación, amenazas y represalias por parte de la policía y los representantes de la empresa. El CRI se puso en contacto con las empresas mencionadas en el informe; algunas respuestas se pueden encontrar en el Apéndice 1. El Centro de Información se puso en contacto con empresas que no respondieron al CRI; sólo POSCO presentó una respuesta.
En diciembre de 2022, el Gobierno vietnamita firmó una Asociación de Transición Energética Justa (JETP, por sus siglas en inglés) de 15.500 millones de dólares con el Reino Unido, Estados Unidos y otros países del G7. Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno vietnamita ha intensificado la persecución y la criminalización de las personas que denuncian problemas ambientales. Dadas las importantes restricciones al espacio cívico en Vietnam, es difícil acceder a la información pública sobre la magnitud de los ataques. Sin embargo, desde 2021, el Gobierno ha utilizado leyes ambiguas como arma para detener y encarcelar a seis líderes y expertos climáticos y atacar a organizaciones medioambientales, obligando a muchas a cerrar. Entre las personas detenidas y encarceladas figuran la Sra. Nguy Thi Khanh, que pasó 16 meses entre rejas tras trabajar para reducir los planes de expansión del carbón del Gobierno e investigar soluciones solares; el destacado abogado ambientalista, el Sr. Dang Dinh Bach, que cumple una condena de cinco años después de dedicar su vida a proteger a las comunidades de la contaminación dañina, eliminar gradualmente los desechos plásticos y apoyar la transición a la energía limpia; Hoang Thi Minh Hong, becaria de la Fundación Obama, quien cumple tres años de prisión después de fundar y dirigir el grupo ambientalista CHANGE Vietnam, que se dedicaba a la energía limpia y las soluciones de conservación de la vida silvestre. Más recientemente, en septiembre de 2023, la Sra. Ngo Thi To Nhien, directora ejecutiva de la Iniciativa de Vietnam para la Empresa Social de Transición Energética (VIETse), fue arrestada por cargos de "apropiación de información o documentos" y actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Para que los JET-P tengan éxito, la sociedad civil debe ser capaz de supervisar los riesgos medioambientales y de derechos humanos asociados a los proyectos empresariales y participar libremente en la realización de una transición energética justa.
Muchos ataques implican la colusión entre el Estado, el sector privado y otros actores no estatales, como el crimen organizado, y ocurren en contextos donde hay altos niveles de impunidad. Esto a menudo dificulta la identificación de los perpetradores.
En 2023, los perpetradores directos de los ataques fueron en gran medida actores estatales, siendo la policía y los sistemas judiciales los perpetradores más comunes, seguidos por el ejército y las fuerzas armadas. Sin embargo, esto no significa que las empresas no hayan estado involucradas en ataques. En todos los 630 casos de ataques documentados en 2023, las personas DDH denunciaron daños reales o proyectados relacionados con la empresa. En el 50% de los casos se mencionó una empresa específica.
Además, las empresas son conscientes, o deberían ser conscientes, de que los críticos de su empresa o industria están en riesgo y deben trabajar para prevenir y mitigar estos ataques. Si los actores empresariales están causando o contribuyendo a los abusos de los derechos humanos que afectan a las personas DDH, su responsabilidad es clara: poner fin al abuso, y abordar y remediar cualquier daño. Incluso en los casos en los que no existan vínculos directos aparentes entre las empresas o los inversionistas y los ataques, se espera que los actores empresariales con operaciones, cadenas de suministro, relaciones comerciales y/o inversiones utilicen de manera proactiva su influencia para promover el respeto de los derechos de las personas DDH y las libertades cívicas. Además, las restricciones a las libertades cívicas señalan contextos más riesgosos para la inversión y la actividad económica y crean una "caja negra de información" para las empresas y los inversionistas, lo que dificulta la participación en una diligencia debida sólida en materia de derechos humanos.
Actores del sector privado
A menudo, las empresas están relacionadas con ataques contra las personas DDH, incluso cuando los actores estatales son los perpetradores directos. Esto incluye llamar a la policía o a las fuerzas de seguridad del Estado para dispersar las protestas pacíficas; cooperar con la represión estatal, por ejemplo, mediante la prestación de servicios o productos que permitan la vigilancia; y la obstrucción de la actividad sindical. Otras tácticas utilizadas por las empresas para obtener el control de la tierra y los recursos, que a menudo conducen a conflictos y ataques, incluyen la división de las comunidades y la participación en procesos de consulta inadecuados.
La captura corporativa, cuando los actores empresariales utilizan su influencia política para influir en la toma de decisiones de los Estados en su beneficio, también está muy extendida en todo el mundo. Esto puede incluir el cabildeo contra la regulación de la protección ambiental, la redacción de legislación en privado con los legisladores para limitar el derecho a la protesta y la explotación de las brechas de gobernanza para el beneficio corporativo, entre otras acciones.
Además, los actores del sector privado pueden abusar de los sistemas judiciales en su beneficio, como es el caso de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). En 2023, identificamos 38 demandas que llevan el sello distintivo de las SLAPP.
En junio de 2023, Lithium Nevada Corporation (parte de Lithium Americas) presentó una demanda contra siete personas y la organización ambiental Protect Thacker Pass, buscando prohibirles el acceso a los sitios de construcción de la mina de litio Thacker Pass en Nevada, EE. UU. La demanda también busca compensación de millones de dólares por daños y perjuicios.
Los acusados incluyen a Dean Barlese, respetado anciano y líder espiritual de la tribu Paiute de Pyramid Lake, Dorece Sam de la tribu Paiute-Shoshone de Fort McDermitt, Bhie-Cie Zahn-Nahtzu (Te-Moak Shoshone y Washoe), Bethany Sam de las tribus Sioux y Kutzadika'a Paiute de Standing Rock, el director fundador de Community Rights US Paul Cienfuegos, y Max Wilbert y Will Falk de Protect Thacker Pass. Han protestado contra la mina, ya que la región es considerada sagrada por la colonia india Reno-Sparks, la tribu Paiute de Summit Lake y la tribu Paiute de Burns. El caso hace referencia a casos de oración y protesta no violentas el 25 de abril de 2023, y al establecimiento de un campamento de oración en Thacker Pass que fue allanado y desmantelado por la policía el 8 de junio de 2023. A la empresa se le ha concedido una orden de alejamiento temporal, que restringe a los acusados y a "cualquier tercero que actúe de forma concertada" interferir en la construcción, bloquear las vías de acceso o incluso estar en la zona. El Centro de Información invitó a Lithium Americas a responder. La respuesta de la compañía se puede consultar aquí.
Empresas de propiedad estatal y controladas por el Estado
Las empresas de propiedad estatal y controladas por el Estado también son violadoras frecuentes de los derechos humanos, a pesar del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de su control adicional sobre las operaciones de estas empresas. Esto es así a pesar de que los Principios Rectores de las Naciones Unidas señalan claramente que los Estados deben "tomar medidas adicionales para protegerse contra los abusos contra los derechos humanos por parte de empresas que son propiedad o están controladas por el Estado, o que reciben apoyo y servicios sustanciales de organismos estatales como los organismos de crédito a la exportación y los organismos oficiales de seguros o garantías de inversión, incluyendo, cuando proceda, la exigencia de la debida diligencia en materia de derechos humanos". En 2023, la empresas relacionada con el mayor número de ataques era de propiedad estatal: la Corporación Estatal de Promoción de Industrias de Tamil Nadu Ltd (SIPCOT). El Centro de Información invitó a SIPCOT a responder; no lo hizo.
El proyecto del Corredor Transístmico es una iniciativa del Gobierno mexicano que prevé unir el Golfo de México con la costa del Pacífico como alternativa al Canal de Panamá. El proyecto incluye el desarrollo de un corredor comercial-industrial entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, la construcción de puertos comerciales, una red de carreteras primarias y secundarias, redes de conectividad digital, un gasoducto, así como diez parques industriales, con la participación de empresas estatales y privadas. Estos proyectos suponen un riesgo para los medios de subsistencia de las 12 comunidades indígenas que viven en la zona, así como para la preservación de su territorio y su medio ambiente. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) es una organización de la sociedad civil que apoya a las comunidades afectadas por la construcción en curso del proyecto en la región del Istmo de Oaxaca, México.
UCIZONI
En marzo de 2023, la policía atacó un campamento de protesta de Ucizoni, que llevaba 24 días bloqueando la línea ferroviaria Mogoñe Viejo-Vixidu. Después del ataque, 11 miembros de la comunidad recibieron notificaciones de que estaban siendo investigados penalmente y, el 28 de abril, seis de esos miembros de la comunidad, María Magdalena Martínez Isabel, Esperanza Martínez Isabel, Elizabeth Martínez Isabel, Eliodoro Martínez Isabel, Fernando Hernández Gómez y Adela Severo Teodoro, fueron arrestados. Ese mismo mes, Carlos Beas, director de la organización, recibió amenazas de muerte. En agosto de 2023, Ucizoni denunció la “presencia de acoso e intimidación” alrededor de las oficinas del Sindicato y en el domicilio de su coordinador, Carlos Beas, así como la detención arbitraria de Juana Inés Ramírez.
Avances en legislación y compromisos voluntarios y principios
En lo que va de 2024, el acontecimiento positivo más significativo relacionado con las empresas y los defensores de derechos humanos ha sido la aprobación de la Directiva de debida diligencia corporativa sostenible por parte de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo. Tras una década de promoción por parte de la sociedad civil, esta histórica legislación vinculante exige que las empresas de la UE evalúen, prevengan y aborden los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor globales. El texto final (particularmente los considerandos) incluye lenguaje sobre las personas DDH, la Declaración sobre las personas DDH y las menciona explícitamente como partes interesadas cuyos derechos o intereses podrían verse afectados por la actividad corporativa. Esto envía una señal clara de que la protección de las personas DDH y la consulta con ellas es una parte vital de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Otro instrumento vinculante vital que se adoptó en los últimos años es el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe, que entró en vigor en abril de 2021. Es el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo que incluye disposiciones específicas sobre las personas defensoras de los derechos ambientales, exigiendo a los gobiernos proporcionar servicios seguros. y condiciones propicias para las personas DDH y garantizar que los responsables de los ataques contra ellas sean investigados y procesados.
Otros desarrollos clave en 2023 y 2024 hasta la fecha incluyen:
- Actualización de las Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales, que ahora instan a las empresas a abstenerse de tomar represalias contra las personas DDH, abordar los daños de las represalias en sus propias operaciones y las de sus socios comerciales y ayudar a promover espacios seguros. Las actualizaciones también incluyen la expectativa de que las empresas identifiquen y aborden sus impactos adversos sobre el cambio climático, el bienestar animal, la biodiversidad, la deforestación, la contaminación y otras preocupaciones ambientales.
- Desarrollo de indicadores por parte del Servicio Internacional de Derechos Humanos [ISHR por sus siglas en inglés] que proporciona orientación sobre lo que se requiere para monitorear en la implementación de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos de las personas DDH. Estos indicadores se basan en la histórica Guía 2021 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos para garantizar el respeto a las personas defensoras de los derechos humanos y el documento del Centro de Información y ISHR el 'Espacio compartido bajo presión: apoyo empresarial a las libertades cívicas y las personas defensoras de los derechos humanos, orientación para empresas, de ISHR.' lanzado en 2018.
- Nombramiento del ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos, Michel Forst, como el primer Relator Especial sobre las Personas Defensoras del Medioambiente en Virtud de la Convención de Aarhus, que protege el derecho a vivir en un medio ambiente saludable en la UE. Este es el primer mecanismo de este tipo que protege específicamente a las personas defensoras del medio ambiente y que se establece dentro de un marco jurídicamente vinculante, ya sea bajo un sistema de la ONU u otra estructura intergubernamental.
- Publicación de un informe en marzo de 2024 de David Boyd, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, que evalúa las insuficiencias de los marcos normativos voluntarios para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos y aclara las obligaciones de los Estados de proteger el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible protegido de los daños causados por las empresas.
- Opinión Consultiva sobre Cambio Climático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos próxima a publicarse, a través de la cual la Corte puede desarrollar estándares para que los Estados protejan a las personas DDH en el contexto de operaciones empresariales dañinas relacionadas con la crisis climática (los comentarios públicos del Centro de Información sobre esta opinión están disponibles aquí).
- Publicación de una Declaración preparada por representantes de 87 Pueblos Indígenas que participaron en la Conferencia sobre Pueblos Indígenas y Transición Justa en abril de 2024 y que establece unos principios fundamentales para una transición energética que defienda los derechos humanos, la equidad social y cultural y la inclusión, la participación completa y la prosperidad compartida de la Pueblos Indígenas.
- Publicación de una guía conjunta para plataformas en línea por parte de EE.UU. y la UE, que establece diez pasos prácticos que las plataformas pueden tomar a nivel mundial para prevenir, mitigar y proporcionar reparación a los ataques en línea dirigidos a personas DDH.
- El 31 de enero de 2024, miembros del Congreso de los Estados Unidos presentaron una legislación para fortalecer los esquemas de protección del gobierno de los Estados Unidos para las personas DDH en todo el mundo.
- Publicación de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV) - Guía sobre el respeto de los derechos de las personas DDH en 2023, que recomienda que las empresas extractivas, agroindustriales y otras que implementen los PV desarrollen, divulguen e implementen una política de tolerancia cero ante las amenazas. y ataques contra DDH; integrar a las personas DDH en la evaluación de riesgos de sus PV y en la debida diligencia en materia de derechos humanos; y consultar con personas DDH, entre otras acciones. La Guía también señala que la Iniciativa de Principios Voluntarios (IPV) tiene la responsabilidad de apoyar a las personas DDH y son oportunidad de defender el estado de derecho, la gobernanza responsable y las libertades cívicas de las que dependen tanto las empresas como la sociedad civil.
- Publicación de los Principios de Unilever en apoyo a las personas DDH y su guía de implementación en septiembre de 2023: el compromiso político de la empresa más detallado hasta la fecha en apoyo de las personas DDH y el único que incluye orientación sobre cómo implementar ese compromiso.
Si bien la publicación de las directrices de política e implementación de Unilever y la guía IPV son pasos importantes hacia compromisos políticos adicionales por parte de los actores empresariales de no tolerar ataques a las personas DDH, la mayoría de las empresas no están cumpliendo con los requisitos mínimos. El Monitor de Políticas del Centro de Información, que examina los compromisos políticos disponibles públicamente en apoyo de las personas DDH basándose en evaluaciones del Índice de Referencia sobre Derechos Humanos Corporativos [CHRB por sus siglas en inglés]), encontró que solo 46 de 260 empresas evaluadas por el CHRB se han comprometido públicamente a no tolerar ni contribuir a los ataques contra las personas DDH. Sólo nueve empresas cumplieron los tres criterios de la CHRB: comprometerse a no tolerar ni contribuir a los ataques, esperar lo mismo en sus relaciones comerciales e involucrar activamente a las personas DDH para crear entornos seguros. Y sólo cinco empresas mineras tienen compromisos políticos de no tolerar ni contribuir a los ataques a las personas DDH, y esperan que sus relaciones comerciales hagan lo mismo, a pesar de que el mayor número de ataques están relacionados con este sector. Ninguna empresa minera cumple con los tres indicadores CHRB, lo cual es muy preocupante dado que la minería está conectada con los más altos números de ataques contra las personas DDH cada año.
Estados, empresas e inversionistas
La magnitud de los ataques contra las personas que defienden nuestros derechos y el clima frente a los daños relacionados con las empresas demuestra el fracaso de los gobiernos a la hora de proteger los derechos humanos, e ilustra cómo la acción voluntaria de empresas e inversionistas es insuficiente para prevenir, detener y remediar los daños. Pedimos a los Estados que cumplan con su deber de proteger los derechos de las personas DDH y a los actores empresariales que respeten los derechos de las personas DDH adoptando medidas inmediatas en relación con estas recomendaciones.
Recomendaciones para los Estados
Recomendaciones para los Estados
Recomendaciones para los Estados:
- Aprobar y aplicar leyes que reconozcan el derecho a defender los derechos y el papel vital de las personas DDH en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente sano, y que se comprometan a una tolerancia cero frente a los ataques (recomendaciones más detalladas disponibles aquí). Esto debe incluir el reconocimiento legal de los derechos específicos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Aplicar plenamente el Acuerdo de París y adherirse o, si ya se ha ratificado, aplicar plenamente las normas internacionales y regionales clave que protegen las libertades cívicas de las personas DDH. Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con las libertades cívicas en su respuesta a la protesta pacífica y la desobediencia civil, y el cese del uso de medidas diseñadas para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado contra las personas defensoras del medio ambiente.
- Aprobar leyes nacionales para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas, incluida la legislación obligatoria sobre diligencia debida en materia de derechos humanos, y consultar a las personas DDH en todas las fases de este proceso. Esta legislación debería obligar a los actores empresariales a llevar a cabo consultas seguras y efectivas con las personas DDH y otros titulares de derechos potencial o directamente afectados; debería además ser parte integral de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, y debería estar alineada con las directrices del grupo de trabajo de la ONU sobre personas defensoras y otras normas clave mencionadas anteriormente (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Recopilar y comunicar datos sobre ataques letales y no letales para orientar mecanismos de protección más eficaces y aprobar legislación anti-SLAPP para evitar que las empresas silencien a las personas DDH (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Garantizar la reparación efectiva ante violaciones cuando se produzcan, incluso mediante el fortalecimiento de los sistemas judiciales para poner fin a la impunidad y responsabilizar a las empresas de los actos de represalia contra las personas DDH, y participar activamente en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de los ataques.
- Participar de forma activa y constructiva en las negociaciones para la adopción de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos y asegurarse de que se reconozcan explícitamente los riesgos a los que se enfrentan las personas DDH y su derecho a defender los derechos humanos.
Recomendaciones para las empresas
Recomendaciones para las empresas
Recomendaciones para las empresas:
- Adoptar y aplicar compromisos de política pública, acompañados de orientaciones y planes de implementación, que reconozcan el valioso papel de las personas DDH, hagan referencia a riesgos específicos para personas DDH, garanticen la participación efectiva y la consulta con las personas DDH en todas las fases del proceso de diligencia debida y se comprometan a no tolerar ataques en todas las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales de la empresa.
- Participar e informar sobre los resultados de la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, integrando la perspectiva de género en todo el proceso y garantizando el acceso efectivo a vías de reparación para quienes sean perjudicadas por la actividad empresarial, de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas, las directrices del Grupo de Trabajo de la ONU para garantizar el respeto a las personas DDH y las directrices de género del Grupo de Trabajo de la ONU.
- Reconocer que los defensores indígenas corren un riesgo desproporcionado y establecer y aplicar compromisos públicos para respetar los derechos de los pueblos indígenas, basados en su derecho a la autodeterminación (tierras, territorios y recursos) y su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), incluido su derecho a definir el proceso por el que se obtiene el CLPI y a negar su consentimiento (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Comprometerse públicamente a remediar los impactos adversos que hayan causado o contribuido a causar a las personas DDH y a trabajar con los proveedores para remediar los impactos adversos directamente relacionados con sus operaciones, productos y servicios. Esto incluye establecer y dotar adecuadamente de recursos a mecanismos de reclamación y rendición de cuentas seguros, eficaces y accesibles, alineados con los Principios Rectores de las Naciones Unidas, que incluyan protecciones para las personas DDH y los/as denunciantes, gestionen las reclamaciones de terceros y proporcionen un seguimiento sólido para abordar y reparar las reclamaciones.
- Reconocer públicamente que las personas DDH tienen derecho a defender los derechos humanos y que son aliados esenciales para ayudar a las empresas a cumplir con sus responsabilidades en virtud de los PRNU.
- Abstenerse de cualquier tipo de presión, gasto político y otras formas directas o indirectas de compromiso político para apoyar la limitación de las libertades cívicas, o para debilitar las leyes que obligan a las empresas a rendir cuentas por abusos contra los derechos humanos y destrucción del medio ambiente.
Recomendaciones para los inversionistas
Recomendaciones para los inversionistas
Recomendaciones para los inversionistas
- Publicar una política de derechos humanos que reconozca el valioso papel de las personas DDH en la identificación de los riesgos asociados a las actividades empresariales y se comprometa a un enfoque de tolerancia cero frente a los ataques contra éstas. Comunicar claramente las expectativas en materia de derechos humanos incluidas en esta política a las empresas de su portafolio, incluyendo que las empresas:
- Revelen los riesgos relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente;
- Realicen consultas continuas con las comunidades, los trabajadores y las personas DDH;
- Dispongan de políticas y procesos que respeten los derechos de los pueblos indígenas (incluidos los derechos sobre la tierra y el consentimiento libre, previo e informado);
- Respeten los derechos de los defensores de los derechos humanos.
- Garanticen el acceso efectivo a la reparación cuando se produzcan daños.
- Llevar a cabo una rigurosa diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que integre una perspectiva de género en todo el proceso y revisar las posibles empresas en las que se invierta para detectar cualquier implicación pasada con represalias. Esto incluye consultar con los titulares de los derechos y no confiar en la autodeclaración de la empresa en cuanto a si se respetó el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.
- Evitar invertir en empresas con un historial de violaciones de los derechos humanos y medioambientales y de represalias contra las personas DDH.
- Ejercer presión sobre las empresas en las que se invierte y que causan, contribuyen o están directamente relacionadas con daños a los derechos humanos y al medio ambiente, incluidos los ataques a las personas DDH, para que la empresa mitigue los impactos negativos y proporcione acceso a la reparación a los afectados.
Autoras: Christen Dobson y Hannah Matthews
Investigadores adicionales: Ana Zbona, Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, Vitória Dell'Aringa Rocha, Ella Skybenko, Vladyslava Kaplina, Valentina Muñoz Bernal y Claudia Ignacio Álvarez
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos también reconoce el trabajo vital de las personas DDH, las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas que están documentando y compartiendo información sobre los ataques que enfrentan las personas DDH. Nuestro trabajo no sería posible sin ellas.
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una ONG internacional que hace un seguimiento de las repercusiones sobre los derechos humanos de más de 10.000 empresas en más de 180 países, y publica la información en su sitio web en 10 idiomas. El programa Libertades Cívicas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Centro de Información aborda las causas profundas de los asesinatos y la violencia contra las personas DDH y el medio ambiente relacionados con las operaciones de las empresas y las cadenas de suministro mundiales; aboga por prácticas respetuosas de los derechos y la rendición de cuentas entre los actores empresariales; y aumenta la acción rápida y la participación a más largo plazo de los actores empresariales en apoyo de los defensores y las libertades cívicas para prevenir los ataques contra las personas defensoras para que puedan defender los derechos humanos con seguridad.
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