Durante décadas, las marcas multinacionales de moda han estado sometidas a escrutinio por las violaciones de derechos humanos existentes en las cadenas de suministro globales del sector textil. A pesar de la creciente conciencia social y de los compromisos voluntarios de las empresas, aún quedan por resolver muchas de las carencias en materia de rendición de cuentas. La industria mundial de la moda está valorada en 1,3 billones de dólares y depende del trabajo de más de 300 millones de personas trabajadoras. Los principales motivos de preocupación del sector giran en torno a las prácticas laborales derivadas del consumo desenfrenado de la moda rápida. Esta demanda ha dado lugar a un marco regulatorio opaco en materia de trazabilidad y transparencia en numerosas jurisdicciones.

Su impacto ecológico es asimismo devastador. Tras la agricultura, la industria de la moda es el segundo mayor consumidor de agua a nivel mundial y genera entre el 2 % y el 8 % de las emisiones globales de carbono. Paradójicamente, el 85 % de todos los productos textiles acaba cada año en vertederos o basureros, mientras que el lavado de las prendas sintéticas libera de forma masiva microplásticos nocivos en nuestros océanos. En definitiva, tanto la huella ambiental como el coste humano de la industria siguen careciendo de una regulación adecuada, un déficit de rendición de cuentas que se ve agravado por la discriminación sistémica, la falta de transparencia en la cadena de suministro y la laxitud en la aplicación de la normativa nacional e internacional.

Discriminación sistémica

El sector de la confección está integrado principalmente por mujeres del sudeste asiático, en su mayoría migrantes rurales y miembros de castas marginadas. Las barreras sistémicas las relegan a puestos básicos, por lo que su presencia en la dirección de las fábricas continúa siendo mínima. Esta realidad pone de manifiesto la persistente privación de derechos que sufren las trabajadoras del sector textil, donde las mujeres del sudeste asiático están expuestas de forma habitual a prácticas laborales arbitrarias, salarios discriminatorios y contratos de trabajo precarios.

A pesar de los cuantiosos beneficios económicos que genera el sector, las marcas internacionales se siguen lucrando gracias a la denegación activa del derecho a sindicarse en países como Bangladés, la India, Pakistán y Sri Lanka.

La persistencia de estas prácticas plantea serios interrogantes sobre la responsabilidad empresarial. Aunque las multinacionales suelen adoptar políticas de derechos humanos y códigos de conducta, con frecuencia las personas trabajadoras se enfrentan a serios obstáculos a la hora de acceder a una reparación por las violaciones de sus derechos laborales. Esto pone de relieve las limitaciones de los compromisos voluntarios cuando no van acompañados de un seguimiento eficaz, una aplicación efectiva de las normas y un acceso a la justicia real.

Falta de transparencia en la cadena de suministro

Las violaciones de los derechos humanos suelen quedar invisibilizadas en unas cadenas de suministro muy fragmentadas que se extienden a través de distintos países y sistemas normativos. Hoy en día, una de las medidas más “progresistas” que promueven estas marcas multinacionales de moda es el compromiso con la transparencia de la cadena de suministro textil, fundamentado en la recopilación de datos como prueba de responsabilidad. Sin embargo, no debe confundirse la verdadera transparencia con la trazabilidad. La trazabilidad se refiere únicamente al seguimiento técnico y logístico de una cadena de producción, desde la materia prima hasta el punto de venta. Por el contrario, la transparencia exige fiscalizar y visibilizar las condiciones reales en las que se desarrollan esta producción y distribución. Las empresas incumplen de forma habitual las directrices sobre una información adecuada, ya que conservan plena discrecionalidad sobre los datos que deciden hacer públicos y los que no.

Para comprender esta opacidad, es necesario analizar la estructura de la cadena de suministro textil global a lo largo de cuatro niveles distintos:

Nivel 1: Fabricación de prendas, montaje final y embalaje.

Nivel 2: Producción de tejidos, que abarca el hilado, el tejido de punto, el tejido plano, el teñido y el acabado.

Nivel 3: Transformación de materias primas en insumos intermedios, principalmente hilo.

Nivel 4: Extracción y producción de las materias primas agrícolas o ganaderas, como el cultivo de algodón o la ganadería.

Aunque los datos divulgados por las grandes empresas multinacionales suelen cumplir los criterios básicos de información a nivel mundial, su transparencia se limita por lo general a los niveles 1 y 2. Esta práctica da lugar a una opacidad fragmentada. Las marcas no dudan en enumerar las fábricas de confección final, pero evitan informar de la realidad humana que se esconde tras sus muros. Se genera así un grave vacío normativo que podría conducir al descubrimiento de otras violaciones de los derechos humanos, como la explotación sistémica del trabajo infantil en las hilanderías del nivel 3. Hasta la fecha, las grandes empresas continúan en gran medida sin abordar estas violaciones. Por ejemplo, cuando el seguimiento alcanza el “nivel 4”, correspondiente a las explotaciones agrícolas como las plantaciones de algodón, prácticamente nunca se registra el rastreo. En la práctica, las empresas utilizan los datos de los proveedores directos para ocultar la posible explotación que se encuentra en el propio origen de sus productos. No obstante, la reciente e innovadora aparición de plataformas de trazabilidad y cumplimiento normativo, como TrusTrace, pretende acabar con este déficit en materia de rendición de cuentas.

Paralelamente, está aumentado el escrutinio sobre las afirmaciones engañosas en materia de sostenibilidad y transparencia. Las demandas judiciales y las denuncias ante los organismos reguladores en diversas jurisdicciones han cuestionado las afirmaciones de las empresas sobre abastecimiento ético, desempeño ambiental y supervisión de la cadena de suministro, lo que demuestra que la transparencia no es solo una cuestión reputacional, sino también legal.

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores de la Confección (NGWF) criticó a las fábricas globales que abastecen a multinacionales internacionales como AMAZON, IKEA y Tom Tailor, para continuar operando al margen del Acuerdo de Bangladés. La NGWF presentó la primera denuncia en virtud de la estricta Ley de diligencia debida en la cadena de suministro de Alemania, alegando normas de supervisión inadecuadas y deficiencias de seguridad. Asimismo, la denuncia sostiene que no haber firmado el Acuerdo constituye una evasión deliberada de los riesgos en materia de derechos humanos y un incumplimiento sustancial de sus obligaciones de diligencia debida. Al eludir este marco vinculante, estas empresas no solo ignoran sus obligaciones legales, sino que también perpetúan los fallos institucionales en la aplicación de las normas globales de conducta.

Incumplimiento de las normas de buenas prácticas globales

Instituciones como la Organización de Normas Globales trabajan con la visión y la misión de lograr el máximo impacto social y ambiental positivo en las cadenas de valor textiles mediante requisitos exigentes sobre medio ambiente, derechos humanos y conducta empresarial responsable. Sin embargo, dada la escasez de mecanismos transfronterizos jurídicamente vinculantes, las empresas suelen tratar estos indicadores como meras directrices en materia de rendición de cuentas empresarial. Las previsiones de la Fundación Ellen MacArthur advierten de que, si la industria de la moda mantiene su trayectoria actual, para 2050 podría consumir más del 26 % del presupuesto mundial de carbono asignado al límite del calentamiento global. Al dejar el cumplimiento de las normas medioambientales y laborales a la discreción de las empresas, se permite a las grandes marcas deslocalizar la producción hacia jurisdicciones con menor regulación, lo que abre la puerta a la posibilidad eludir una verdadera rendición de cuentas.

No obstante, los recientes avances legislativos apuntan a un paulatino abandono de los enfoques estrictamente voluntarios. Las leyes sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, las restricciones a la importación vinculadas al trabajo forzoso y las exigencias de divulgación de información relacionada con el clima denotan una creciente expectativa de que las empresas deben demostrar una supervisión significativa de sus cadenas de suministro. Aunque su aplicación continúa siendo desigual, estas medidas confirman el creciente reconocimiento de que las normas voluntarias por sí solas resultan insuficientes. Hasta que no se apliquen de forma coherente mecanismos efectivos de rendición de cuentas en todas las cadenas de suministro, las personas trabajadoras y las comunidades seguirán asumiendo el coste humano y ambiental del crecimiento del sector.

Ipeleng Motuba es consultora jurídica internacional especializada en derechos humanos, derecho del entretenimiento y estrategia comercial transfronteriza.