Las comunidades y los trabajadores están demandando a empresas y gobiernos por abusos en proyectos mineros y de energías renovables. ¿Qué significa esto para la transición energética?

En el último año hemos realizado el seguimiento de 30 nuevas demandas judiciales vinculadas a la transición justa, lo que eleva la cifra global a 125 casos. Estas demandas, dirigidas tanto contra empresas como contra Estados, abarcan toda la cadena de valor de la energía renovable, desde la extracción de minerales de transición (bauxita, cobre, cobalto, mineral de hierro, litio, manganeso, níquel, tierras raras y zinc) hasta proyectos de energía renovable (solar, eólica e hidroeléctrica), lo que refleja un rechazo social creciente ante estos abusos, con el consiguiente riesgo para la transición energética en su conjunto.

El hecho de que los personas y colectivos afectados sufran consecuencias similares en ambos extremos de la cadena de valor repercute directamente en la rapidez y la viabilidad de la transición energética.