La urgencia de los gobiernos por garantizar el suministro de minerales está dando lugar a la tramitación acelerada de permisos y a una falta de participación significativa, y está prevaleciendo sobre la buena gobernanza, la transparencia y el deber de los Estados de proteger los derechos humanos.

Este enfoque de la minería crea una bomba de relojería en la carrera por llevar a cabo una transición energética y entraña graves riesgos. Mientras las personas, comunidades y pueblos afectados por el auge de la extracción de minerales de transición sigan sufriendo perjuicios y siendo silenciados, su extracción seguirá generando resentimiento, conflictos, demandas judiciales y retrasos en los proyectos, y acabará por socavar las instituciones democráticas y la ya tambaleante confianza en los políticos que impulsan la acción climática.

En un momento en el que la confianza en las instituciones ya se encuentra en mínimos históricos, la polarización social se considera uno de los mayores riesgos identificados por el Foro Económico Mundial y se necesita urgentemente un apoyo público continuado a la acción climática, esta no es una estrategia viable para lograr una transición energética sostenible.

Los gobiernos aún pueden hacerlo bien reconociendo que los procesos participativos, la transparencia en las decisiones sobre la explotación minera y los usos finales previstos de los minerales, la diligencia debida corporativa en materia de derechos humanos y medio ambiente, unos marcos normativos sólidos en materia de medio ambiente y derechos, y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, no son obstáculos que haya que gestionar, sino pilares fundamentales de la gobernanza democrática. Defenderlos es tanto una obligación en sí misma como la base de la confianza, la legitimidad y el apoyo público duradero de los que depende una transición energética justa y sostenible.