La velocidad de la transición energética dependerá de los flujos de inversión y de que se mantenga la confianza del público en general, para así evitar resistencias y retrasos. Sin embargo, la preocupante tendencia al abuso sistémico de las comunidades y personas trabajadoras en las cadenas de valor de las energías renovables ha dado lugar a una marea de demandas estratégicas por parte de pueblos indígenas, comunidades en la primera línea de defensa de los derechos humanos y personas trabajadoras quienes no tienen más opción que recurrir a los tribunales para defender sus derechos. Estas demandas contra empresas de energía renovable y de minerales de transición provocan retrasos en los proyectos, “órdenes de paralización” y un aumento de los costes, riesgos que las empresas y las entidades inversoras pueden y deben evitar aplicando una sólida debida diligencia en materia de derechos humanos y mejorando la concepción de los proyectos.

Esta herramienta de seguimiento pretende ser el principal centro de referencia para los litigios relacionados con la transición justa contra empresas que ejecutan, o Estados que autorizan, proyectos de extracción de minerales de transición o de energía renovable, en los que las personas y colectivos titulares de derechos denuncian vulneraciones de los derechos humanos y ambientales. En conjunto, estos casos muestran un panorama claro del creciente rechazo por parte de personas y colectivos titulares de derechos a aceptar estas violaciones como un coste inevitable de la transición mundial. Consulte nuestra definición de litigio sobre la transición justa en nuestra metodología.