En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, el modelo minero no dialoga, impone. Entorpeciendo los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa...para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”…[L]o más reciente que ofrece la titubeante implementación de consulta previa en Perú, la que busca excluir a proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran mayoría no son pueblos indígenas, ponen en evidencia lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero…[Y]a muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas y finalmente sobre la democratización de un Estado que respete la pluralidad de derechos.