Desde el 2013 se han realizado manifestaciones en Nicaragua en contra de la construcción del canal interoceánico que lideran el presidente Daniel Ortega y el empresario Wang Jing con su empresa HKND bajo la Ley 840. El desarrollo de este canal ha despojado de tierras a habitantes y campesinado del sur del país y violado numerosos derechos humanos. Las diversas protestas han sido encabezadas por el Movimiento Campesino de Nicaragua y han sido objeto de la persecución de sus opositores por parte del Estado. Las personas defensoras son obligadas a vivir en la clandestinidad, a exiliarse en países vecinos como Costa Rica, a ser apresados o asesinados. Muchas de las personas defensoras como Francisca Ramírez han recibido amenazas y ataques o han sido detenidos arbitrariamente como es el caso de Pedro Mena, Freddy Navas y Medardo Mairena.

También, se ha reconocido a la abogada Mónica López Baltodano por investigar la red de empresas que se formó para gestionar el proyecto.