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Publicar Avances y retrocesos: La responsabilidad legal empresarial en 2025 y perspectivas para 2026
Desde el punto de vista de la responsabilidad legal empresarial nos encontramos en un momento de contradicciones. La UE está ultimando un debilitamiento significativo de su Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que incluye la eliminación del régimen armonizado de responsabilidad civil. Sin embargo, a medida que se acerca el final de 2025, en el resto del mundo las tendencias legislativas y judiciales parecen encaminadas a traer avances en 2026.
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Publicar Más allá de las fronteras: Por qué los tribunales deben exigir que las empresas rindan cuentas por la explotación de las personas trabajadoras migrantes
El socio de Leigh Day, Oliver Holland, destaca recientes decisiones judiciales que reflejan una creciente disposición a responsabilizar a las empresas por abusos contra trabajadores migrantes y aboga por una legislación más sólida.
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Publicar Litigios y transición energética: llamamiento mundial para la mejora de las prácticas empresariales
Para las empresas de toda la cadena de valor de las energías renovables, estas tendencias ponen de relieve la urgente necesidad de incorporar los derechos humanos en sus actividades. No se trata únicamente de evitar litigios, sino que es fundamental para la estabilidad operativa y la viabilidad a largo plazo de los proyectos, así como para la propia transición a las energías renovables.
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Publicar La Nación U’wa, el sector privado y la crisis climática: los derechos colectivos en el sistema interamericano
Juliana Bravo Valencia de EarthRights International analiza la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los derechos territoriales, culturales y medioambientales de la Nación U'wa.
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Publicar En defensa de la regulación obligatoria: La jurisprudencia muestra la necesidad de dejar atrás la autorregulación en el sector tecnológico
En este momento en que la tecnología desempeña cada vez un papel mayor en la sociedad y en los conflictos, aumentan también los riesgos para los derechos humanos. Para proteger los derechos humanos y garantizar que las empresas tecnológicas actúan de acuerdo con el interés público general, en lugar de limitarse a priorizar su cuenta de resultados, se necesitan leyes y políticas claras y aplicables que obliguen a las empresas tecnológicas a rendir cuenta por sus acciones, en parte exigiéndoles que identifiquen los riesgos de sus productos y servicios para la humanidad.
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