por el equipo regional de las Américas – Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

A medida que la comunidad internacional dirige su atención hacia la COP30 en Belém, Brasil, América Latina enfrenta una oportunidad histórica para colocar a las comunidades en el corazón de la acción climática y exigir un futuro verdaderamente justo y sostenible.

Hoy, América Latina se encuentra en el núcleo de la transición energética global. Posee vastas reservas de litio, cobre, plata y otros minerales esenciales para baterías, tecnologías solares y eólicas, proyectos hidroeléctricos e infraestructura eléctrica. Sin embargo, la extracción de estos recursos sigue vinculada a violaciones de derechos sobre el territorio, degradación ambiental, desplazamientos y violencia contra personas defensoras. A nivel mundial, más del 50% de las reservas de minerales esenciales para la transición se encuentran en territorios indígenas.

La historia de la región está profundamente marcada por abusos de derechos humanos relacionados con las industrias extractivas, especialmente la minería y la explotación de combustibles fósiles, que se han beneficiado de dinámicas de poder asimétricas entre el sector privado y las comunidades.

El Monitor de Minerales de Transición del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humano señala que Suramérica sigue siendo la región con mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos, representando el 41% del total mundial desde 2010. También alberga algunas de las resistencias comunitarias más efectivas frente a los abusos asociados a la minería de minerales de transición, incluyendo numerosos litigios impulsados por comunidades y trabajadores contra proyectos mineros irresponsables.

En Chile, Bolivia, México y Perú, diversas comunidades resisten la minería de litio, denunciando la violación de su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la falta de acceso a la información confiable sobre los impactos sociales y ambientales. Resistencias similares surgen frente a la explotación de cobre en Colombia, Ecuador y Panamá, y en Brasil, donde comunidades tradicionales e indígenas se oponen a proyectos energéticos y mineros a gran escala —como la extracción de bauxita y tierras raras— debido a la falta de consulta y las amenazas a sus territorios. Los casos de falta de reparación y acceso a la justicia en México evidencian que estos problemas son sistémicos y generalizados.

La urgencia de una transición energética justa, centrada en comunidades y trabajadores, crece cada año. No se trata solo de un desafío técnico, sino de una transformación social, política y ética. Una verdadera transición justa requiere reorientar las cadenas de suministro minero y de minerales en torno a tres principios básicos: prosperidad compartida, derechos humanos y protección social, y negociaciones justas.

Esto implica asegurar que las comunidades no sean actores periféricos, sino decisores centrales. Supone no solo incluirlas, sino también enfrentar los legados coloniales, la exclusión racial, el despojo indígena y el abandono rural. Una transición energética centrada en las personas debe incluir:

• Reconocimiento y respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
• Apoyo a comunidades afrodescendientes, quilombolas y campesinas, frecuentemente afectadas por los sectores extractivos;
• Protección a las personas defensoras de derechos humanos que luchan por la tierra y la justicia climática;
• Reconocimiento de estándares internacionales de derechos humanos, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana, y el Acuerdo de Escazú.

Los movimientos sociales latinoamericanos deben ser arquitectos centrales, no testigos, de las estrategias de transición. Uno de los signos más esperanzadores de la COP30 será la amplia participación de pueblos indígenas y comunidades locales: se espera la asistencia de casi 3.000 representantes indígenas, una cifra sin precedentes en la historia de las COP.

Para que este reconocimiento sea significativo, la región debe dar pasos audaces para consagrar la debida diligencia obligatoria, la participación comunitaria y la distribución de beneficios en leyes vinculantes y marcos de financiamiento climático. De lo contrario, el concepto de “transición energética justa” corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de colonialismo verde — nuevo combustible, viejas estructuras de poder.

En todo el continente, organizaciones y movimientos reclaman una transición energética justa que transforme no solo las fuentes de energía, sino también la distribución del poder, la riqueza y la toma de decisiones. Esta visión incluye:

• Acceso equitativo a la energía para todas las personas;
• Creación de empleos decentes y dignos en nuevas industrias;
• Respeto a los derechos territoriales y colectivos;
• Reconocimiento del conocimiento local y ancestral como clave de la sostenibilidad.

En la COP 30, gobiernos e inversores deben resistir la tentación de acelerar proyectos mineros y renovables sacrificando la supervisión y los derechos humanos. En su lugar, el liderazgo latinoamericano debe exigir que todo financiamiento climático esté condicionado al respeto de los derechos humanos, la transparencia y el empoderamiento comunitario. La COP30 representa un punto de inflexión: un momento en que el marco climático global podría finalmente alinearse con los principios de justicia, derechos humanos y equidad.

Para América Latina una región de profundos contrastes, desigualdades, ecosistemas ricos y fuerte memoria comunitaria, la transición justa debe construirse desde las comunidades, no extraer de ellas. Si la COP30 no logra consagrar esta visión, la promesa de transformación podría convertirse en otro capítulo de despojo. Pero si tiene éxito, podría marcar el inicio de una era verdaderamente centrada en las comunidades, en la que América Latina lidere no por la explotación de su tierra y su gente, sino por la fuerza, sabiduría y resiliencia de sus pueblos.