La historia de América Latina está profundamente marcada por diversos abusos de derechos humanos vinculados a las industrias extractivas, especialmente por parte de los sectores de la minería y de los combustibles fósiles, que durante mucho tiempo se han beneficiado de dinámicas de poder asimétricas entre el sector privado, gobiernos y comunidades. En este escenario, la región ocupa un papel central en la transición energética global. Sudamérica, en particular, posee vastas reservas de litio, cobre, plata y otros minerales que, aunque se utilizan principalmente en otras industrias, son esenciales en la fabricación de baterías, tecnologías solares y eólicas, proyectos hidroeléctricos e infraestructuras de red. Sin embargo, a medida que la demanda de minerales se extiende, los informes de violaciones sistémicas de derechos sobre la tierra, el ambiente, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y los abusos de los derechos de los pueblos indígenas persisten.

Mientras que Bolivia y Chile han estado durante mucho tiempo en el foco mundial por la explotación de litio, en Argentina la extracción de este mineral se duplicó en 2024, produciendo 18.000 toneladas métricas. Estos tres países, junto con Perú, conforman lo que recientemente se conoce como el "rectángulo de litio". A medida que el sector crece, aumentan las denuncias de abusos: solo en 2024 y 2025, registramos 21 presuntos abusos relacionados con el litio en Sudamérica.

A pesar del enorme impacto de la minería de litio, la explotación del cobre sigue dominando con el mayor número de denuncias de abuso registradas en el sector de minerales de transición de la región. En Perú, esto ha llevado a la sociedad civil a cuestionar la extracción en nombre de la transición energética, dado su impacto desproporcionado en las comunidades locales, los pueblos indígenas y diversos ecosistemas.

A medida que se intensifica la urgencia de la transición energética, también se acrecienta la necesidad de que esta sea justa y centrada en las personas trabajadoras y las comunidades. Mucho más que una iniciativa tecnológica, la transición constituye una transformación social, política y ética fundamental. Una transición justa depende de reconfigurar las cadenas mineras y de suministro mineral para defender tres principios clave: prosperidad compartida, derechos humanos y protección social, y negociaciones justas. Una transición justa también exige debates honestos sobre el uso final de los minerales, priorizando su uso para la transición energética y no para fines militares, y una profunda transformación socio-ecológica en la que el consumo energético se reduzca para cubrir las necesidades básicas de todos en el mundo y no solo el lujo en el Norte Global.

En cifras: datos del Monitor de Minerales de Transición

El Monitor global de Minerales de Transición (MMT) de 2026 del Centro EDH ha registrado 1.226 denuncias de abuso de derechos humanos y ambientales vinculadas a la extracción de estos nueve minerales clave de transición desde 2010: bauxita, cobalto, cobre, mineral de hierro, litio, manganeso, níquel, zinc y minerales de tierras raras. Sudamérica sigue siendo la región con mayor número de denuncias en todos los años (447 denuncias de abuso).

Hallazgos clave de 2025

• Registramos 97 denuncias de abuso vinculadas a la extracción de minerales para la transición en Sudamérica en 2025. La mayoría de los presuntos abusos estaban relacionados con la minería de cobre (64), seguidos por el litio (10).
• Perú y Chile registraron más denuncias de abuso que cualquier otro país en el Monitor, con 26 y 25 denuncias en 2025 respectivamente.
• Los principales abusos registrados están relacionados esencialmente con impactos ambientales (acceso al agua y contaminación de ecosistemas frágiles como lagos, lagunas, acuíferos y glaciares), consulta insuficiente y falta de consentimiento libre, previo e informado (CLPI), incumplimiento de acuerdos con las comunidades, ataques a personas defensoras de derechos humanos, impactos en los medios de vida y supuestas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
• Las comunidades locales se vieron afectadas en la gran mayoría de los casos de presunto abuso (54). Los pueblos indígenas (27) siguen siendo afectados de forma desproporcionada, así como las personas trabajadoras (22). Las comunidades donde se realiza la minería siguen sumidas en la pobreza, a pesar de los grandes beneficios económicos que obtienen las compañías mineras. Las mujeres y niñas se ven afectadas de forma particular por las actividades mineras y de forma extrema por la violencia cerca de los sitios extractivos.
• Las personas defensoras de derechos humanos enfrentan niveles desproporcionados de violencia cuando denuncian preocupaciones sobre las operaciones mineras. En 2025 registramos seis ataques contra personas defensoras que denunciaban actividades mineras.

Frente a estos importantes presuntos abusos, los pueblos y comunidades de Sudamérica están desarrollando una resistencia efectiva ante las violaciones a los derechos humanos asociados a la minería para la transición. En los últimos años se evidencia una oleada de intentos de litigios iniciados por comunidades y personas trabajadoras que denuncian abusos de derechos por parte de la minería irresponsable de minerales en transición: la Herramienta de Monitoreo de Litigios de Transición Justa del Centro EDH  ha registrado 37 demandas presentadas contra estados y empresas por abusos en proyectos de minería de minerales en transición, y Chile destaca como el país con mayor número de casos de este tipo a nivel mundial. Las comunidades locales y los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia, Chile y Perú recurren a los tribunales para denunciar los daños presuntamente causados por la minería de litio, esto ha generado diversas multas a las empresas por no cumplir con las normativas de gestión del agua, consultas y consentimientos libres, previos e informados, así como por impactos ambientales en áreas especiales, discriminación, violaciones de derechos laborales, falta de acceso a la información y participación pública, entre otros.

Entre 2024 y 2026, realizamos visitas de campo a Argentina, Bolivia, Chile y Perú para escuchar a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y locales sobre los impactos de los proyectos de litio y cobre en sus territorios, y para explorar el potencial de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos para impulsar una transición energética justa en la región.

¿Qué piden las comunidades? Prioridades para una transición justa

Durante las visitas realizadas por el Centro EDH entre 2024 y 2026 en Bolivia, Argentina, Chile y Perú, los pueblos indígenas, las comunidades de base, las organizaciones de la sociedad civil y las PPDDH examinaron los desafíos asociados con los minerales de transición e identificaron pasos cruciales que los gobiernos y las empresas deben dar para construir una transición energética justa. Estos desafíos incluyen limitaciones en la participación significativa, un respeto insuficiente por los derechos de los pueblos indígenas, una débil rendición de cuentas corporativa y una prevención y gestión inadecuadas de los riesgos sociales, medioambientales y de derechos humanos asociados a la extracción de minerales críticos.

Los testimonios de más de diez comunidades y cinco organizaciones reflejaron los temas clave que emergen de nuestros datos sobre presuntos abusos y reforzaron la necesidad de una transición que sea respetuosa de los derechos humanos teniendo como base tres principios fundamentales: prosperidad compartida, derechos humanos y protección social, y negociaciones justas. La experiencia y contribuciones de las comunidades afectadas por la minería para la transición ayudan a traducir estos principios en acciones tangibles fundamentadas en realidades locales y que respondan a las necesidades, prioridades y contextos específicos de los territorios afectados.

Las áreas clave de acción identificadas por quienes participaron incluyen:

Prosperidad compartida

• Alinear los mecanismos de reparto de beneficios con las prioridades definidas por las comunidades y las personas trabajadoras. No existe un modelo único aplicable a todos los contextos: el diseño de dichos mecanismos debe tener en cuenta las especificidades culturales, sociales, económicas y medioambientales de cada territorio, reconociendo que los beneficios pueden incluir no solo transferencias financieras, sino también oportunidades de empleo, fortalecimiento de capacidades, infraestructuras comunitarias, protección ambiental u otras prioridades identificadas por comunidades y personas trabajadoras.
• Garantizar una distribución equitativa y adaptable de los beneficios a lo largo del ciclo de vida de los proyectos mineros. Los impactos, riesgos y oportunidades evolucionan desde la fase de exploración hasta la producción, comercialización y cierre de los proyectos. Los acuerdos de reparto de beneficios deben ser suficientemente flexibles para responder a las circunstancias cambiantes. Establecer mecanismos para la revisión periódica y el ajuste de acuerdos puede ayudar a garantizar que la distribución de los beneficios siga siendo justa, inclusiva y sostenible a lo largo del tiempo, reflejando al mismo tiempo las necesidades y prioridades cambiantes de las comunidades afectadas.
• Fortalecer la autonomía, la resiliencia y el bienestar colectivo de las comunidades. Es importante priorizar enfoques que promuevan la cohesión social, respetar las estructuras organizativas de las comunidades y garantizar que los beneficios no se limiten exclusivamente a la compensación económica individual. La verdadera prosperidad compartida requiere generar valor económico, social, cultural y medioambiental que perdure más allá de la vida útil del proyecto.

Derechos humanos y protección social

• Reforzar las medidas de prevención y protección frente a los riesgos e impactos asociados a la minería para extraer minerales necesarios para la transición energética. Esto implica adoptar un enfoque integral de los derechos humanos y ambientales que tenga en cuenta los efectos sobre la salud (incluida la salud mental), los medios de vida, la cohesión social, los bienes naturales comunes y los ecosistemas estratégicos, promoviendo al mismo tiempo la participación de la comunidad en la identificación y seguimiento de estos riesgos.
• Garantizar una transición energética basada en derechos. Esto puede lograrse garantizando el acceso a la información, una consulta segura y significativa, y la justicia; protegiendo los bienes naturales comunes, los ecosistemas frágiles y el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas; e incorporando mecanismos comunitarios de monitoreo y supervisión ambiental.
• Reforzar los mecanismos de protección, quejas y reparación para las personas y comunidades afectadas. Esto requiere canales accesibles, transparentes y de confianza que permitan a individuos y comunidades informar de daños, buscar reparaciones y recibir respuestas oportunas. Estos mecanismos deben incluir salvaguardas claras para las personas defensoras de derechos humanos y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación, organización e informes tanto en espacios físicos como digitales.

Negociaciones justas

• Garantizar igualdad de condiciones para las negociaciones. Esto es esencial para reducir los desequilibrios de poder mediante el acceso a información comprensible, asesoramiento técnico independiente, transparencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Esto implica fortalecer la comprensión mutua entre comunidades, empresas y gobiernos, reconociendo tanto la experiencia técnica como el conocimiento y las cosmovisiones tradicionales de los Pueblos Indígenas y las Comunidades.
• Respetar plenamente el derecho a una consulta y consentimiento libres, previos e informados (CLPI), garantizando procesos inclusivos, no discriminatorios y culturalmente relevantes. Las decisiones relacionadas con proyectos mineros deben tener en cuenta evaluaciones multidisciplinares e interculturales que integren perspectivas científicas, sociales, ambientales y ancestrales.
• Proteger la autodeterminación y la gobernanza comunitaria. Las empresas y gobiernos involucrados en el desarrollo de proyectos de transición energética deben respetar los plazos de deliberación de las comunidades, evitar presiones externas y prevenir prácticas que fragmenten la representación colectiva o debiliten la cohesión social durante la negociación.