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Justicia en la transición: Litigios por abusos empresariales en el cambio hacia una energía limpia para todas las personas – Análisis de 2025

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1 de julio 2025

1 de julio 2025

Hacer frente a la crisis climática exige aumentar de forma significativa la generación de electricidad obtenida a partir de energías renovables: si queremos evitar una catástrofe climática, para 2030 se deberá haber triplicado la capacidad instalada de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, con la energía solar y eólica representando el 85 % de esta expansión si queremos evitar la catástrofe climática. La extracción de minerales de transición también sigue creciendo a un ritmo sostenido para sustentar estas tecnologías energéticas que hacen un uso intensivo de minerales. Sin embargo, a lo largo de toda esta cadena de valor de las energías renovables –desde la extracción de minerales hasta las nuevas instalaciones energéticas– continúan surgiendo riesgos elevados en materia de derechos humanos para las empresas e inversionistas: degradación ambiental, repercusiones en los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y las comunidades, las tierras, el derecho a la consulta, ataques contra personas defensoras de los derechos humanos , así como vulneraciones de los derechos laborales. Los pueblos indígenas y otras comunidades y personas trabajadoras de todo el mundo que se encuentran en primera línea se oponen a este planteamiento y acuden cada vez con más frecuencia a los tribunales para exigir una transición energética no basada en el abuso, sino en la prosperidad compartida, las negociaciones justas y el deber de velar por los derechos humanos y ambientales de quienes sufren directamente el cambio energético mundial.

El análisis de este año de la Herramienta de Seguimiento de Litigios para una Transición Justa (Herramienta de Seguimiento) del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos pone de manifiesto la tendencia al aumento de las demandas judiciales para una transición justa. En 2025, la Herramienta de Seguimiento presenta un total de 95 demandas que se han iniciado en todo el mundo desde 2009, presentadas por pueblos indígenas, otras comunidades de primera línea, personas defensoras de los derechos humanos y trabajadoras a escala global, con el fin de proteger sus derechos humanos en el contexto de la transición energética a lo largo de toda la cadena de valor de las energías renovables. También se observa un incremento en los litigios por una transición justa: identificamos 17 casos presentados en 2024, lo que supone un aumento en comparación con años anteriores (en 2023 se presentaron 10 casos de nuestra Herramienta de Seguimiento y 13 en 2022).

Los principales hallazgos derivados de las 95 demandas estudiadas son las siguientes:

  • Aunque en la Herramienta de Seguimiento se analizan casos que afectan a toda la cadena de valor, la extracción de minerales de transición sigue siendo el sector que concentra la mayoría de demandas, al representar más del 70 % (67 casos) de las demandas mundiales examinadas en la Herramienta de Seguimiento.
  • Los pueblos indígenas presentaron casi la mitad de los casos (47 % - 45 casos). Además, en cerca de la mitad de los casos registrados (49 % - 47 casos) se alega una supuesta violación de los derechos de los pueblos indígenas, lo que incluye su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en el 33 % (31) de los casos.
  • Los principales daños causados por los proyectos son los ambientales en el 70 % (67) de los casos analizados, los relacionados con el agua (56 % - 53 casos) y el 48 % (46) de los casos están relacionados con las consecuencias negativas de los proyectos en los medios de subsistencia de las comunidades afectadas; por otra parte, el 40 % (38) se refiere a sus repercusiones en zonas protegidas como las tierras sagradas de los pueblos indígenas, las tierras de pastoreo, el patrimonio agrícola o los parques nacionales.
  • América Latina y el Caribe sigue siendo la región con mayor número de casos de abusos (53 % - 50 casos), seguida de América del Norte (16 % - 15 casos), África (11 % - 10 casos), Europa (9 % - 9 casos), Asia (8 % - 8 casos) y Australia y Oceanía (3 % – 3 casos).
  • En el 65 % (62 casos) de los casos registrados en la Herramienta de Seguimiento, las personas demandantes pidieron la paralización temporal o definitiva del proyecto. En el 40 % (25 casos) de las ocasiones el tribunal falló a su favor, y el 50 % (13 casos) de los litigios ya se han cerrado.

Estas conclusiones ponen de manifiesto la existencia de un riesgo creciente que las empresas e inversionistas deben tener en cuenta a la hora de pretender obtener beneficios en el curso de la tan necesaria transición energética. Si no se adopta un enfoque centrado en los derechos humanos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, se corre el riesgo de sufrir daños económicos y reputacionales, retrasos en la ejecución de los mismos e interrupciones en las cadenas de suministro de recursos esenciales, ya que los/as titulares de derechos acuden cada vez con más frecuencia a los tribunales. Además, en todo el mundo el poder judicial está respondiendo, con decisiones recientes que establecen un precedente, como la de Brasil sobre los derechos de los pueblos indígenas a recibir el beneficio económico directo de los proyectos hidroeléctricos, y la de Finlandia, donde los tribunales dictaminaron que el proyecto de parque eólico de EPV Tuulivoima Oy no cumplía las obligaciones legales de salvaguardar los medios de subsistencia tradicionales. Nunca ha sido tan evidente el papel esencial que desempeñan los derechos humanos, la confianza de la ciudadanía y la responsabilidad jurídica para lograr una transición que sea, no solo rápida, sino fundamentalmente justa.

Recomendaciones a empresas e inversionistas

Empresas

El deber de las empresas de velar por los derechos humanos

  • Llevar a cabo una diligencia debida sólida en materia de derechos humanos y medio ambiente a lo largo de toda la cadena de valor, prestando especial atención al acceso a reparación de las personas a las que afecta negativamente el proyecto del que se trate, mediante el establecimiento de mecanismos eficaces de reclamación a nivel operativo.
  • Las empresas de energías renovables deben adoptar políticas de abastecimiento responsable de minerales y colaborar activamente con el sector minero extractivo para garantizar que el funcionamiento de las empresas de minerales de transición está centrado en los derechos humanos.

Negociaciones justas

  • Respetar e informar públicamente sobre las consultas realizadas con buena fe, la participación y las negociaciones con los/as titulares de derechos, prestando especial atención a quienes presentan un riesgo de vulnerabilidad o marginación más elevado, antes de tomar cualquier decisión en materia de inversión, así como durante las operaciones, y comprometerse a no considerar la oposición pública como quejas sin fundamento; velar por que sus socios comerciales respeten igualmente todo lo anterior.
  • Adoptar y aplicar en la práctica políticas que se comprometan a respetar los derechos de los pueblos indígenas, entre otros, su derecho a conceder o denegar su CLPI, independientemente de que exista una normativa nacional al respecto.
  • Adoptar e implementar compromisos de políticas públicas que reconozcan el valioso papel de las personas defensoras de derechos humanos, hagan referencia a los riesgos específicos para ellas, garanticen una participación y consulta efectivas con los/las defensoras de derechos humanos en todas las etapas del proceso de diligencia debida y se comprometan a una tolerancia cero ante represalias en todas las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales de la empresa.

Una prosperidad compartida

  • Replantear los enfoques de diseño de los proyectos para incluir y empoderar de forma significativa a los pueblos indígenas, las comunidades en la primera línea, las personas trabajadoras y los sindicatos, y lograr su apoyo para los proyectos. En particular, desarrollar y aplicar modelos empresariales justos y equitativos con un enfoque de distribución de beneficios, incluso a través de la cogestión, la propiedad y la cooperación, que se basen en los derechos, aborden tanto los derechos de procedimiento como los sustantivos y se adapten a las prioridades y necesidades locales.

Inversionistas

  • Apoyar públicamente la legislación existente y nueva sobre derechos humanos y diligencia debida en materia de medio ambiente y de responsabilidad corporativa, así como los marcos regulatorios de distribución de beneficios.
  • Comprometerse a invertir en proyectos de energías renovables y minerales de transición que respeten los derechos humanos y el medio ambiente después de realizar una evaluación de riesgos e impacto de las empresas en las que invierten sobre estas cuestiones.
  • Desarrollar políticas relativas a los modelos de propiedad e inversión preferidos que favorezcan los resultados de beneficio compartido para las comunidades y las personas trabajadoras.

En el apartado “más recursos” que figura a continuación, ofrecemos otras recomendaciones destinadas a reforzar las prácticas de derechos humanos de empresas e inversionistas en el marco de la transición energética.

“El mundo continúa subestimando los riesgos climáticos... Es absolutamente fundamental que actuemos ahora... [y] se reduzcan drásticamente las emisiones ya”, advirtió António Guterres, Secretario General de la ONU, antes de la COP29 del año pasado.

En la Herramienta de Seguimiento se presentan casos de litigios sobre la transición justa iniciados por titulares de derechos que utilizan argumentos de derechos humanos para impugnar la injusta “distribución de beneficios y cargas” que acompaña el abandono de los combustibles fósiles en favor de las emisiones netas cero. Los 95 casos de todo el mundo que figuran en la Herramienta de Seguimiento ampliada de este año se refieren a empresas que llevan a cabo actividades de extracción de minerales de transición (de minerales claves como bauxita, cobre, cobalto, mineral de hierro, litio, manganeso, níquel y zinc) o proyectos de energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, así como a Estados que autorizan estas operaciones. Se puede consultar la metodología completa aquí.

De los 95 casos que se han registrado, la mayoría (más del 70 % - 67 casos) están relacionados con la extracción de minerales de transición. Las repercusiones ambientales de los proyectos mineros siguen siendo la principal preocupación, ya que representan el 71 % (48) de las demandas en ese sector. En más del 60 % (41) de las demandas de los/as titulares de derechos relacionadas con la extracción de minerales de transición se denunciaron problemas de acceso al agua o contaminación del agua, lo que pone de relieve las consecuencias negativas del uso intensivo del agua en las actividades mineras y su frecuente vinculación con la contaminación. En más del 47 % (32) de los casos de minería se alegó un efecto negativo en los medios de subsistencia de los/as titulares de derechos.

Los 28 casos restantes de la Herramienta de Seguimiento (29 %) se refieren al sector de las energías renovables: eólica (14 % - 13); hidroeléctrica (12 % - 11) y solar (4 % - 4). En casi el 80 % (22) de las demandas relacionadas con proyectos de energías renovables se alegaba que la consulta a los/as titulares de derechos había sido inadecuada. Los efectos negativos de este sector sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible también fueron importantes y se mencionaron en el 68 % (19) de los casos. En el 36 % (10) de los casos se planteó la cuestión del acceso al agua, especialmente debido a las características inherentes a los proyectos hidroeléctricos. En el 36 % (10) de los casos se alegó que las instalaciones de energías renovables afectaban a los derechos sobre la tierra, ya que requieren grandes extensiones de terreno.

Los derechos humanos en peligro

Aunque los beneficios mundiales de la transición energética son indiscutibles y fundamentales para la supervivencia del planeta, los efectos de los proyectos de energías renovables y de la extracción de minerales de transición sobre las comunidades que están en la primera línea de defensa y las personas trabajadoras puede ser significativo. Se pueden identificar tendencias claras y globales, y los riesgos y efectos sobre los derechos humanos parecen coherentes en toda la cadena de valor de las energías renovables. Las demandas más comunes que figuran en la Herramienta de Seguimiento se refieren a los siguientes aspectos:

La voz de las comunidades afectadas: Los pueblos indígenas ganan la batalla judicial sobre la adquisición de tierras para el proyecto eólico del lago Turkana en Kenya, aunque la lucha continúa

En 2014, las comunidades indígenas del condado de Marsabit, en Kenya (con Natural Justice, que las apoyaba pero no las representaba) interpusieron una demanda contra Lake Turkana Wind Power (LTWP) y varias entidades gubernamentales, en la que alegaban que habían vulnerado la legislación sobre la tierra al elaborar estrategias jurídicas y redactar documentos. Sostienen que en el proyecto de energía eólica no se cumplieron los protocolos en materia de CLPI y no se ofreció una compensación adecuada por la adquisición de tierras. LTWP no cuestionó las irregularidades del proceso de adquisición de tierras. En octubre de 2021, el tribunal dictaminó que los títulos de propiedad se habían obtenido de forma irregular. La empresa solicitó una revisión en febrero de 2022, alegando que existían pruebas nuevas y solicitando una prórroga indefinida para cumplir la sentencia. En mayo de 2023, el tribunal rechazó la revisión, a consecuencia de lo cual se anularon los títulos de propiedad. Posteriormente LTWP recurrió y el caso sigue abierto.

Antes de presentar la demanda, se recurrió a otras formas de resolución de conflictos, entre ellas varias cartas solicitando acceso a la información dirigidas a LTWP y a organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Tierras y la Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente.

La demanda judicial fue el último recurso de las comunidades para garantizar la protección de sus derechos como pueblos indígenas, así como sus derechos sobre la tierra. No obstante, los distintos pasos para conseguir justicia a través de diferentes mecanismos no judiciales son una forma de acumular pruebas cuando la última alternativa posible es recurrir a los tribunales y litigar.

La minería de transición sigue siendo el sector con mayor número de demandas

Por segundo año consecutivo, la extracción de minerales de transición ha representado el mayor número de demandas relacionadas con los derechos humanos en toda la cadena de valor de las energías renovables, con más del 70 % (67) de todos los casos registrados en la Herramienta de Seguimiento. Aunque esta estadística pone de relieve los abusos de los derechos humanos relacionados con este sector, muestra asimismo la creciente resistencia de las comunidades y las personas trabajadoras afectadas contra el enfoque predominante en la extracción de “seguir como hasta ahora”. Las alegaciones sobre los efectos negativos de la extracción de minerales de transición en el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible representan más del 71 % (48 casos) de las demandas registradas.

En más del 60 % (41 casos) de las demandas de titulares de derechos relacionadas con la extracción de minerales de transición se denunciaron problemas de acceso al agua o contaminación del agua. En Brasil, la mina de níquel Onça-Puma, explotada por Vale, fue objeto de varias demandas relacionadas con el acceso al agua y su contaminación que afectaba al pueblo indígena xikrin. En la demanda más reciente, presentada en 2025, la Fiscalía Federal pide a Vale que ponga en marcha un programa permanente de vigilancia de la salud de la comunidad xikrin. También insta al estado de Pará –responsable de conceder la licencia ambiental de la mina– y al gobierno federal, que supervisa las políticas sanitarias indígenas, a que proporcionen apoyo técnico y administrativo para garantizar una supervisión ambiental eficaz. Vale niega cualquier responsabilidad. Con el fin de mitigar estos riesgos y garantizar una extracción de recursos sostenible y respetuosa con los derechos, es esencial contar con verdaderas salvaguardias ambientales, una supervisión reglamentaria y prácticas mineras responsables.

La edición de 2025 del Monitor de Minerales de Transición pone asimismo de manifiesto las repercusiones desproporcionadas de la extracción de minerales de transición en los pueblos indígenas, extremo que se refleja asimismo en el panorama general de las demandas:

  • Los pueblos indígenas de todo el mundo iniciaron el 46 % (31) de las demandas relacionadas con la extracción de minerales de transición que figuran en la Herramienta de Seguimiento.
  • En general, casi la mitad de las demandas (33) relacionadas con los minerales de transición se referían a denuncias de vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas: presunto incumplimiento de su derecho al CLPI (58 % - 19 casos) e impactos en zonas relevantes o protegidas (48 % - 16 casos).

Las energías renovables

El sector eólico supone el 14 % (13) de los casos de la Herramienta de Seguimiento, el hidroeléctrico el 12 % (11) y el solar el 4 % (4).

Los parques eólicos suelen requerir grandes extensiones de terreno, un factor que por lo general constituye el núcleo de los litigios relativos a proyectos de energías renovables. De hecho, de los 13 casos relacionados con parques eólicos que hemos analizado, en 7 situaciones se citaron supuestas violaciones de los derechos sobre la tierra, mientras que el efecto de los proyectos eólicos en los medios de vida de la comunidad se mencionó en 8 casos. Los pueblos indígenas y las vastas extensiones de tierra que han habitado y utilizado durante largos periodos de tiempo corren peligro ante la expansión de los parques eólicos. En particular, 8 casos de demandas relacionadas con parques eólicos que figuran en nuestra base de datos fueron iniciados por pueblos indígenas, y en 6 de ellos se alegó la falta de CLPI. En 2018, la comunidad indígena Unión Hidalgo demandó a la Comisión Federal de Electricidad por haber realizado una consulta inadecuada en relación con el proyecto del parque eólico Gunaa Sicarú en México. Esto derivó en una sentencia judicial de 2021 que prohibía la construcción de parques eólicos en tierras indígenas.

Las demandas contra el sector hidroeléctrico recogidas en la Herramienta de Seguimiento también son numerosas y ascienden a 11 casos. La principal preocupación de los/as titulares de derechos que intervienen en este tipo de casos gira en torno a los efectos de los proyectos hidroeléctricos y las presas sobre su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (10 casos). Dadas las características inherentes a los proyectos hidroeléctricos, la mayoría de las demandas se referían a preocupaciones sobre el acceso al agua (9 casos) y los efectos del proyecto en zonas relevantes o protegidas (7 casos). También se observa con frecuencia la cuestión de la supuesta falta de consulta sobre el proyecto, que se refleja en 9 casos que van desde América Latina a Europa. En 5 casos, el Tribunal ordenó detener el proyecto, como en Ecuador, donde un tribunal suspendió el proyecto hidroeléctrico de Genefran en el río Piatúa y revocó su licencia ambiental

Los casos relacionados con el sector solar recogidos en nuestra Herramienta de Seguimiento (4 casos) se referían sobre todo a la inadecuación de las consultas realizadas (3 casos), como ha ocurrido recientemente en Taiwán. La población de la zona alegó que Ruizhi Photonics había construido una subestación solar a gran escala en su comunidad sin consultarles. El gobierno negó que los procedimientos fueran ilegales. Un tribunal de apelación sueco revocó una sentencia de primera instancia y rechazó el proyecto de parque solar de European Energy –el mayor proyecto de planta solar en el país–, poniendo de manifiesto la importancia de proteger las tierras agrícolas y declarando que European Energy no había demostrado que “esta instalación aportara un beneficio social suficiente“. Esta decisión se consideró una reafirmación de la prioridad que se otorga al suelo agrícola frente al desarrollo de energías renovables cuando los beneficios sociales no están demostrados adecuadamente.

Las perspectivas que ofrecen los proyectos eólicos y solares centrados en el respeto de los derechos humanos y las asociaciones equitativas son prometedoras, con algunos ejemplos alentadores de copropiedad indígena y distribución de beneficios en proyectos de energías renovables, sobre todo cuando existen marcos normativos sólidos y un compromiso de aplicación. Algunos países africanos (Kenya, Sierra Leona y Sudáfrica) cuentan con disposiciones legislativas innovadoras que regulan el sector de las energías renovables, como los acuerdos obligatorios de distribución de beneficios con las comunidades y la obtención del CLPI para los proyectos industriales propuestos en tierras indígenas. Estas disposiciones pueden servir de inspiración para los incipientes marcos legislativos que están surgiendo en otros países. Se trata de modelos de empresa que no solo empoderan a las comunidades, sino que también mitigan los riesgos operativos y reputacionales de las empresas, previenen conflictos y respaldan la lucha contra la crisis climática.

La expansión de los proyectos de energías renovables supone una importante oportunidad para el sector de impulsar una transición energética justa y equitativa. A partir de la experiencia adquirida gracias a las dificultades previas en el sector minero, se puede trabajar activamente con el fin de evitar que se repitan patrones similares, especialmente teniendo en cuenta las repercusiones comunes para los/as titulares de derechos.

EDF's Gunaa Sicarú wind project in Mexico was cancelled after litigation by the Zapotec community of Unión Hidalgo and ProDesc over human rights concerns

Análisis por regiones: América Latina a la cabeza en número de litigios por una transición justa

Los casos que figuran en la Herramienta de Seguimiento proceden de todo el mundo, lo que ilustra el carácter global del cambio hacia una transición energética justa y de sus repercusiones sobre los pueblos indígenas, las personas trabajadoras y las comunidades que luchan por que se respeten sus derechos en los proyectos de energías renovables y de extracción de minerales de transición.

Más de la mitad de los casos (50) de la Herramienta de Seguimiento se referían a abusos en América Latina (49) y el Caribe (1). De ellos, 41 corresponden a demandas que se presentaron en esa región, y el 76 % (31) se referían a demandas relacionadas con la extracción de minerales de transición, mientras que el 24 % restante (10) se refería a proyectos de energías renovables. En Norteamérica también se registró un número significativo de demandas presentadas, con un total de 19. La mayoría (15) estaban relacionadas con la minería, mientras que las 4 restantes se referían a proyectos de energías renovables.

Europa es la única región en la que la mayoría de las demandas presentadas estaban relacionadas con las energías renovables (9 de 15).

La voz de las comunidades afectadas: El exitoso intento de las agricultoras de revocar el permiso minero de Dairi Prima en Indonesia

En febrero de 2023, unas agricultoras de Indonesia (con el apoyo de la ONG Bakumsu) presentaron una demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, en la que cuestionaban el permiso ambiental concedido a la mina de zinc de Dairi Prima Mineral. Alegaron que no se habían seguido los procedimientos adecuados para realizar una evaluación del impacto ambiental y manifestaron su preocupación por los efectos del proyecto en sus medios de vida y el posible mal funcionamiento de una instalación de almacenamiento de residuos tóxicos. En julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Estado ordenó la revocación del permiso. El Tribunal Supremo confirmó esta decisión en agosto de 2024, alegando la falta de participación pública, la vulneración de los principios de buena gobernanza y el alto riesgo de catástrofe que planteaba el proyecto en una región con actividad sísmica. La sentencia es jurídicamente vinculante y no se puede recurrir. En mayo de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques dictó un decreto (MEF Decision/Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 888/2025) por el que se revocaba el permiso de Dairi Prima Mineral.

En 2019, las comunidades intentaron diversas vías antes de presentar una demanda contra la mina de zinc de Dairi Prima Mineral pero, tras el fracaso de estos esfuerzos, la presentación de una demanda judicial pasó a ser su única alternativa. Se decantaron por iniciar acciones legales a pesar de su coste y duración, por considerar que era la única vía posible para salvaguardar su medio ambiente y sus medios de subsistencia. En Indonesia, los permisos mineros solo pueden revocarse por vía judicial.

Dairi Prima mining protest Indonesia

BAKUMSU

En febrero de 2023, unas agricultoras de Indonesia (con el apoyo de la ONG Bakumsu) presentaron una demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, en la que cuestionaban el permiso ambiental concedido a la mina de zinc de Dairi Prima Mineral. Alegaron que no se habían seguido los procedimientos adecuados para realizar una evaluación del impacto ambiental y manifestaron su preocupación por los efectos del proyecto en sus medios de vida y el posible mal funcionamiento de una instalación de almacenamiento de residuos tóxicos. En julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Estado ordenó la revocación del permiso. El Tribunal Supremo confirmó esta decisión en agosto de 2024, alegando la falta de participación pública, la vulneración de los principios de buena gobernanza y el alto riesgo de catástrofe que planteaba el proyecto en una región con actividad sísmica. La sentencia es jurídicamente vinculante y no se puede recurrir. En mayo de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques dictó un decreto (MEF Decision/Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 888/2025) por el que se revocaba el permiso de Dairi Prima Mineral.

En 2019, las comunidades intentaron diversas vías antes de presentar una demanda contra la mina de zinc de Dairi Prima Mineral pero, tras el fracaso de estos esfuerzos, la presentación de una demanda judicial pasó a ser su única alternativa. Se decantaron por iniciar acciones legales a pesar de su coste y duración, por considerar que era la única vía posible para salvaguardar su medio ambiente y sus medios de subsistencia. En Indonesia, los permisos mineros solo pueden revocarse por vía judicial.

Las comunidades acogieron con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de 2024, que falló a su favor, aunque siguen preocupadas porque las actividades de la empresa continúan. Mencionan como principal dificultad la falta de voluntad política para hacer cumplir la sentencia, y temen que la empresa intente eludir el veredicto presentando una nueva evaluación ambiental.

Las comunidades de Dairi Prima consideran que una “transición justa” significa garantizar que las preocupaciones ambientales y sociales se reflejan de forma adecuada en la normativa, especialmente en el contexto de actividades de alto riesgo, como la minería. Subrayan la necesidad de que las empresas realicen consultas claras y significativas con las comunidades, especialmente con aquellas que están directamente afectadas. La consulta efectiva y el CLPI son un elemento fundamental, así como la prosperidad compartida con las comunidades. Las comunidades instan al gobierno a promover un desarrollo inclusivo y fomentar la prosperidad compartida.

Las comunidades acogieron con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de 2024, que falló a su favor, aunque siguen preocupadas porque las actividades de la empresa continúan. Mencionan como principal dificultad la falta de voluntad política para hacer cumplir la sentencia, y temen que la empresa intente eludir el veredicto presentando una nueva evaluación ambiental.

Las comunidades de Dairi Prima consideran que una “transición justa” significa garantizar que las preocupaciones ambientales y sociales se reflejan de forma adecuada en la normativa, especialmente en el contexto de actividades de alto riesgo, como la minería. Subrayan la necesidad de que las empresas realicen consultas claras y significativas con las comunidades, especialmente con aquellas que están directamente afectadas. La consulta efectiva y el CLPI son un elemento fundamental, así como la prosperidad compartida con las comunidades. Las comunidades instan al gobierno a promover un desarrollo inclusivo y fomentar la prosperidad compartida.

Actores claves de una transición justa y equitativa

Casi la mitad de las demandas (45) fueron presentados por pueblos indígenas: el 69 % (31) se referían al sector de la extracción de minerales de transición y el 31 % (14) a proyectos de energías renovables. Nada de ello resulta sorprendente, ya que el 50 % de los minerales de transición energética se encuentran en tierras de pueblos indígenas o campesinos, y la fiebre mundial por extraer más minerales de transición supone una amenaza  creciente para el acceso a las tierras ancestrales, la cultura y los medios de subsistencia. Cuando emprenden acciones legítimas para defender sus tierras y recursos y proteger sus derechos fundamentales frente a los daños vinculados con proyectos empresariales y estatales, incluso los que pretenden beneficiar al clima, los pueblos indígenas son objeto de represalias. Máxima Acuña Chaupe, agricultora indígena peruana, y su familia alegan que han sufrido acoso, agresiones y amenazas de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad de la Minera Yanacocha (con participación mayoritaria de Newmont) debido a un conflicto por tierras relacionada con la ampliación del proyecto minero de Conga.

Otras organizaciones, abogados/as y comunidades que intervienen en demandas judiciales relacionadas con proyectos de energías renovables y minerales de transición se enfrentan también a riesgos elevados. Una reciente investigación sobre ataques a personas defensoras de los derechos humanos realizada por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos mostró que casi tres cuartas partes de estos ataques a personas defensoras de los derechos humanos se produjeron contra quienes defendían el clima, la tierra y el medio ambiente. En la última década, el sector con mayor número de ataques ha sido la minería (casi 1700).

Las agresiones a personas defensoras de los derechos humanos no solo se producen en la parte inicial de la cadena de valor de las energías renovables, es decir, en torno a las actividades de extracción de minerales de transición, sino también en relación con las instalaciones de energías renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, etc.). Los proyectos hidroeléctricos se han relacionado con cerca de 365 ataques a personas defensoras de los derechos humanos en los últimos diez años, en los que se han producido más de 100 asesinatos. El mayor número de ataques relacionados con proyectos hidroeléctricos se produjo en Honduras, Guatemala, México, Colombia, Filipinas e India.

Las comunidades no indígenas de primera línea iniciaron demandas en el 35 % (33) de los casos que figuran en la Herramienta de Seguimiento. En el 14 % (13) de los casos, las personas y comunidades afectadas por los proyectos manifestaron su resistencia mediante protestas o bloqueos que a menudo se saldaron con violencia y tuvieron consecuencias trágicas. En una demanda sobre el proyecto minero de oro y cobre Conga, las personas manifestantes denunciaron haber sufrido ataques a manos de personas que supuestamente formaban parte de la plantilla de Minera Yanacocha y de su personal de seguridad. EarthRights International presentó una demanda ante un tribunal federal estadounidense en la que solicitaba diversos documentos a Newmont Mining sobre la supuesta represión de las protestas en Conga, concretamente, sobre varios incidentes de violencia policial, que al parecer causaron heridas o con alguna discapacidad a varias personas manifestantes.

Casos destacados

Some text here

Aboriginal Borroloola Indigenous protest Glencore McArthur river zinc and lead mine in Sydney, 2016

Australia: Mina McArthur River

Aboriginal Borroloola Indigenous protest Glencore McArthur river zinc and lead mine in Sydney, 2016

Australia: Mina McArthur River

Australia: Mina McArthur River

Tenedores de títulos nativos de Australia cuestionaron la ampliación de la mina McArthur River, explotada por Mount Isa Mines Limited (parte de Glencore). Alegaban que se debía clasificar el arrendamiento minero propuesto como “derecho de explotación minera” en virtud de la Ley de Títulos Nativos de 1993 (Cth), lo que les otorgaba determinados derechos procesales como la notificación, la objeción y la consulta. En febrero de 2024, el Tribunal Superior de Australia anuló las sentencias de los tribunales inferiores que consideraban el arrendamiento como un “derecho de explotación minera” y la zona del emplazamiento de residuos de dragado (DSEA, por sus siglas en inglés) como una “instalación de infraestructura” vinculada a la minería. De este modo, las demandantes obtuvieron derechos procesales en virtud de la Ley de Títulos Nativos.

esde entonces, el Northern Land Council ha instado a McArthur River Mine a entablar un diálogo significativo con las/os tenedores de títulos nativos. Aunque las actividades de la mina continuarán, el gobierno del Territorio del Norte está estudiando formas de equilibrar los derechos de los títulos nativos con la necesidad de construir una nueva zona de escombros de dragado, de forma que se garantice al mismo tiempo el cumplimiento de la decisión del Tribunal Superior.

People displaced by Samarco mine dam collapse in Mariana, Brazil, 2015

Brasil: Discriminación de género en proceso de reparaciones

People displaced by Samarco mine dam collapse in Mariana, Brazil, 2015

Brasil: Discriminación de género en proceso de reparaciones

Brasil: Discriminación de género en el proceso de reparaciones del derrumbe de la presa de Fundão

En 2015, el derrumbe de la presa de Fundão (Mariana, Brasil) en una mina de Samarco –propiedad conjunta de BHP y Vale– mató a 19 personas y causó importantes daños ambientales. Posteriormente, Samarco llegó a un acuerdo con el gobierno brasileño por valor de 262 millones de dólares en concepto de mitigación y reparación.

En junio de 2024, la Fiscalía brasileña presentó una demanda en la que solicitaba 3600 millones de reales (aproximadamente 668 millones de dólares) a Vale, BHP y Samarco. La demanda se centra en la supuesta discriminación de género en el proceso de reparación, al argumentar que los métodos de compensación se basaban en supuestos patriarcales, que reconocían a los hombres como principales víctimas y marginaban a las mujeres como dependientes o “ayudantes”, pasando por alto su contribución económica. Vale y BHP afirman que aún no se les ha notificado formalmente la demanda. El caso está en curso.

Katanga copper mine DRC

RDC: Mina Katanga Copper

Katanga copper mine DRC

RDC: Mina Katanga Copper

RDC: Mina Katanga Copper

En 2023, varias personas trabajadoras presentaron una demanda colectiva contra Elias & Matis Trading, subcontratista de la mina Katanga Copper Company (KCC) de Glencore en la RDC, a la que acusaban de vulnerar de forma generalizada la legislación laboral, entre otras, por bloquear el derecho de las personas trabajadoras a sindicarse, no proporcionar prestaciones médicas, despedir ilegalmente a personas empleadas y retener documentos administrativos importantes, como las nóminas. El caso está en curso.

Una mirada retrospectiva a 2024 pone de relieve que los riesgos para los derechos humanos están aumentando en toda la cadena de valor de las energías renovables, con 17 demandas presentadas el año pasado, lo que supone un aumento en comparación con años anteriores. Además, en 2024 se cerraron cinco casos que se habían presentado anteriormente, de modo que el total de demandas presentadas o concluidas en 2024 asciende a 22.

De forma general, las denuncias de abusos contra los derechos humanos se concentran en el sector de los minerales de transición (18 casos). El sector de las energías renovables fue objeto de 4 casos (2 sobre proyectos solares y 2 por proyectos eólicos). Se presentaron 12 demandas contra una compañía o empresa estatal y 13 contra un Estado por autorizar una actividad empresarial concreta. Se presentaron 3 demandas contra ambos simultáneamente.

Según nuestro análisis global, 15 casos se referían al supuesto efecto negativo de los proyectos sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Los pueblos indígenas presentaron la mitad (11 casos) de las demandas, y sus derechos se vieron afectados en 12 casos, 8 de los cuales se referían a su derecho al CLPI. Los/as titulares de derechos afectados/as también alegaron consultas inadecuadas en 12 situaciones.

Las/los demandantes pidieron la paralización del proyecto en diez ocasiones. En una demanda sobre la mina de oro de Loma Larga, en Ecuador, el Tribunal Constitucional confirmó una sentencia de primera instancia favorable a las demandantes, en la que se mencionaba la necesidad de llevar a cabo una consulta previa, realizar una evaluación ambiental y contar con la aprobación de la comunidad para poder desarrollar actividades mineras. Por otra parte, en la demanda relativa al proyecto de la mina de litio Big Sandy, en EE. UU., una decisión judicial federal prorrogó recientemente la interrupción temporal de las perforaciones perjudiciales hasta que se resuelva la demanda judicial de la tribu Hualapai, ya que es probable que esta actividad produzca daños irreversibles en la cuenca del río Big Sandy, en Arizona.

Los pueblos indígenas, las comunidades y las personas trabajadoras o sus representantes, directamente afectados por los efectos negativos sobre los derechos humanos que causan la extracción de minerales de transición o los proyectos de energías renovables, cuestionan cada vez más la situación recurriendo con frecuencia a los tribunales como último recurso para hacer valer sus derechos.

En el 65 % (62) de los casos de la Herramienta de Seguimiento, las/los demandantes pidieron la paralización temporal o definitiva del proyecto. En el 40 % (25) de estos casos el tribunal falló a su favor, y el 50 % (13) de estos casos ya están cerrados. A continuación presentamos algunos ejemplos recientes:

Por otra parte, las demandantes solicitaron que se llevase a cabo un proceso de consulta adecuado sobre los proyectos en más del 50 % (50) de las situaciones. Los tribunales paralizaron proyectos o revocaron licencias en el 38 % (19) de los casos alegando que se había vulnerado este derecho.

Las empresas e inversionistas deben tener en cuenta asimismo que, cuando se infringen derechos, los tribunales pueden ordenar la retirada de infraestructuras de energías renovables. Este fue el caso de los 84 aerogeneradores del proyecto de Osage Wind y Enel en Oklahoma, respecto al que el tribunal acordó que la Nación Osage sufriría un “daño irreparable” si se mantenían las turbinas. Su retirada ha quedado en suspenso mientras se resuelven los recursos presentados por las empresas. Cuando esto sucede, es de suma importancia reconocer que el desmantelamiento de un proyecto eólico o solar existente obstaculiza los avances en la lucha contra el cambio climático –la mayor amenaza para todos los derechos humanos– y en realidad esta situación no beneficia a nadie. La dificultad consiste en garantizar que las iniciativas en materia de energías renovables se lleven a cabo de forma responsable, con un equilibrio entre la acción por el clima y el respeto a las comunidades y sus derechos.

Al no existir normas o definiciones universalmente reconocidas de lo que constituye una transición justa, las decisiones judiciales están sentando importantes precedentes que influyen en la forma en que se incorporan las consideraciones ambientales y los derechos humanos a la transición. Los procedimientos judiciales pueden desempeñar un papel esencial a la hora de impulsar cambios legislativos de más amplio alcance basados en los derechos para llevar a cabo una transición energética justa. Recientemente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó compensar económicamente a las comunidades indígenas afectadas por la presa de Belo Monte. Por otra parte, también exigió al Congreso que promulgara la legislación pertinente para garantizar la participación de los pueblos indígenas en los beneficios económicos de la explotación hidroeléctrica y minera en un plazo de 24 meses. Esta sentencia establece un precedente jurídico más general “para ‘otros proyectos actuales o futuros’ que utilicen el potencial hidroeléctrico en tierras indígenas”.

Los casos que figuran en la Herramienta de Seguimiento demuestran que el hecho de no colaborar de forma significativa con los/as titulares de derechos y de no respetar los derechos humanos y las normas ambientales puede desencadenar malestar social y generar resistencia en torno a los emplazamientos mineros y las plantas de energías renovables, con el consiguiente retraso de los proyectos y la propia transición energética. Las empresas e inversionistas deben afrontar la realidad de que estas cuestiones contribuyen asimismo a aumentar significativamente el riesgo de demandas judiciales y que, por otra parte, las empresas sin escrúpulos deberán atenerse a las repercusiones económicas. En más del 35 % (35) de los litigios rastreados, los/as titulares de derechos afectados/as solicitaron una compensación económica por los efectos negativos sobre sus derechos. En el caso del parque eólico del condado de Osage, la repercusión económica global para Enel, teniendo en cuenta los honorarios jurídicos y el coste estimado de 259 millones de dólares de la retirada de las turbinas, supera los 263 millones de dólares. Se calcula que el cierre de la mina de cobre Cobre Panamá, de First Quantum Minerals, decidido por una sentencia del Tribunal Supremo que consideró inconstitucional el contrato, costará 800 millones de dólares. En ocasiones, los/as inversionistas han decidido impulsar un cambio significativo a través de las empresas participadas. Recientemente, el Norges Bank decidió implicarse a través de una iniciativa de propiedad activa en Rio Tinto y South 32 (ambas empresas participan en la empresa conjunta Mineração Rio do Norte, que explota una mina de bauxita en la selva amazónica) “en su labor de reducción de los graves daños ambientales durante un periodo de cinco a diez años“. Las empresas e inversionistas tienen el deber de incorporar un enfoque centrado en los derechos humanos desde el principio y a lo largo de todo el ciclo del proyecto, con el fin de formar parte de una transición justa y equitativa. La defensa de los derechos humanos y ambientales, la realización de consultas exhaustivas e inclusivas y el cumplimiento de los principios del CLPI pueden constituir una sólida salvaguardia frente a estos riesgos crecientes.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una ONG internacional que realiza un seguimiento de las repercusiones sobre los derechos humanos de más de 10.000 empresas en más de 180 países, y publica la información recopilada en su sitio web en diez idiomas.

Autores/as e investigadores/as:

  • Elodie Aba, Michael Clements, Jeeseon Hwang, Millie John-Pierre, Laura Mont Castro, Axelle Poussier, Malgorzata Tyczka.

Agradecimientos

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