Cada día, personas de todo el mundo manifiestan su preocupación por los daños que las empresas causan a sus comunidades, el medio ambiente y los derechos, a veces con un gran costo personal. Estas personas defensoras son objeto de toda una serie de agresiones, entre otras, ataques realizados abusando de los sistemas legales para impedir que se lleven a cabo protestas pacíficas y acabar con su legítimo trabajo de derechos humanos. El acoso judicial – incluyendo acciones judiciales abusivas contra la participación pública, o SLAPPs – han constituido más de la mitad de los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos que han expresado su preocupación por prácticas empresariales desde que comenzamos a recopilar casos en 2015. Esta forma de ataque representa una grave amenaza para la participación de las personas defensoras en el discurso público pacífico en torno a operaciones y actividades que afectan su vida.

Las SLAPPs simulan ser demandas legítimas y con frecuencia surgen a iniciativa de un interés privado (como una empresa, el propietario de la misma o su personal) y se dirigen contra personas y grupos por ejercer su derecho a participar, comentar o criticar asuntos de interés público. A menudo, se interponen demandas SLAPPs después de que personas o grupos expresan una crítica sobre las actividades de la parte demandante, por ejemplo, mediante la publicación de un informe, una protesta pacífica, una publicación en redes sociales o la participación en un acto académico. Además de desviar el tiempo del trabajo de derechos humanos, las SLAPPs tienen un “efecto amedrentador” sobre el ejercicio de la libertad de expresión, tanto de la persona demandada como, para otras personas que deseen participar en la denuncia abusos. Al igual que otra formas de agresión no letal contra las personas defensoras de los derechos humanos, las SLAPPs también pueden preceder a la violencia mortal o ir acompañadas de otras formas de intimidación.

Identificando las SLAPPs

Las SLAPPs suelen presentar varios elementos característicos. En primer lugar, la reparación y sanciones solicitadas son desproporcionadas en relación con la conducta objeto de la demanda. En segundo lugar, los demandantes utilizan el proceso de litigio para acosar a terceros críticos (por ejemplo, a través del proceso de descubrimiento). En tercer lugar, la acción judicial parece formar parte de una ofensiva más amplia de relaciones públicas concebida para asustar o intimidar a las voces críticas y organizaciones de la sociedad civil. Se suele aprovechar de la desigualdad de recursos económicos y humanos de los que disponen las empresas en comparación con la parte demandada. Por otra parte, como “las SLAPPs están diseñadas para utilizar el sistema judicial como un arma para intimidar a quienes ejercen sus derechos [y] limitar el interés público en la incidencia política y el activismo”, las acciones judiciales vejatorias de este tipo ejercen asimismo una presión significativa sobre los recursos públicos y hacen que los sistemas judiciales pierdan tiempo en procesos legales innecesarios.

Las SLAPPs son posibles debido a que los bufetes jurídicos y los/as abogados/as aceptan trabajar con las empresas para interponer las SLAPPs y asumir su representación. Sin embargo, la comunidad jurídica tiene una responsabilidad ética y un importante papel que desempeñar para poner fin a este abuso de la ley cuyo objeto es silenciar la disidencia pacífica. Los/as abogados/s deberían recomendar a sus clientes actuales o potenciales que no presenten SLAPPs contra las personas defensoras a la vez que se deberían negar a asumir su representación legal en estos casos. Los/as abogados/s también pueden prestar un apoyo fundamental a las personas y grupos que son objeto de SLAPPs, que cuentan con muy pocos recursos en comparación con la parte demandante, proporcionándoles asesoramiento jurídico y representación legal gratuita.

Actualización sobre la situación de las SLAPPs en el mundo

Nuestro primer análisis sobre la situación de las SLAPPs , en junio de 2021, puso de manifiesto que existen poderosos agentes empresariales que abusan de los sistemas legales en todo el mundo para intimidar y silenciar a las personas defensoras que denuncian los daños causados por las empresas. Entre enero de 2015 y marzo de 2023, identificamos 437 demandas con las características típicas de las SLAPP, presentadas o iniciadas por 144 actores empresariales. (Más información sobre nuestra metodología disponible aquí). El mayor número de casos se produjo en América Latina, seguida de Asia y el Pacífico.

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En agosto de 2021, el Centro de Información solicitó a Samling una respuesta a estas acusaciones. Samling indicó que la demanda pretendía evitar la difusión de ideas incorrectas y negativas sobre la empresa y que no se trataba de un intento de impedir o dificultar la participación pública en el proceso de certificación. En su respuesta, SAVE Rivers señalaba la falta de transparencia de Samling, su desprecio por las iniciativas de conservación forestal dirigidas por la población indígena, el hecho de no haber obtenido un consentimiento libre, previo e informado y las deficiencias del mecanismo de reclamación disponible. En junio de 2022, las comunidades locales de Penan consiguieron impedir que Samling talara en una zona de conservación cercana.

Recomendaciones

La magnitud de las SLAPPs en todo el mundo muestra la necesidad de adoptar medidas urgentes para poner fin a este abuso de los sistemas judiciales. Aunque se han producido avances. Algunos países han promulgado leyes contra las acciones judiciales abusivas contra la participación pública, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos ha publicado orientaciones para los Estados y las empresas sobre las repercusiones de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos a la hora de proteger y respetar la labor vital de las personas defensoras de los derechos humanos, y las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras se están organizando colectivamente para hacer frente a esta táctica abusiva.

Instamos a los Estados a que cumplan con su deber de proteger los derechos de las personas defensoras y para que los actores empresariales y la comunidad jurídica respeten los derechos de las personas defensoras y eviten iniciar SLAPPs. Recomendamos lo siguiente:

Empresas e inversionistas

Adoptar y aplicar compromisos políticos que reconozcan el valioso papel de las personas defensoras, hagan referencia a los riesgos específicos que corren las personas defensoras, garanticen la participación efectiva y la consulta con las personas defensoras en todas las etapas del proceso de diligencia debida y se comprometan a no tolerar las represalias en ninguna de sus operaciones, cadenas de suministro, relaciones comerciales e inversiones. Los inversionistas deben examinar las posibles empresas en las que invierten para conocer su historial de SLAPPs y evitar invertir las que practiquen este tipo de demandas.

Estados

Reformar cualquier ley que penalice la libertad de expresión, reunión y asociación, y deben aprobar y aplicar:

• legislación que reconozca el derecho a defender los derechos y se comprometa a una tolerancia cero ante los ataques
• legislación contra las SLAPPs;
• leyes nacionales para aplicar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, incluida la legislación obligatoria sobre diligencia debida en materia de derechos humanos, y consultar con las personas defensoras en todas las fases de estos procesos.

Bufetes jurídicos y los/as abogados/as

Abstenerse de asesorar y representar a empresas en demandas SLAPPs.

Colegios de Abogados/as

Desarrollar y actualizar los códigos éticos para velar por que las SLAPPs constituye una actividad sancionable cuando sus miembros participen en ellas.

Nuestras recomendaciones detalladas para luchar contra las SLAPPs están disponibles aquí.