...Como ha sido ampliamente documentado por periodistas de investigación, Ocho Sur (y su predecesora, Plantaciones de Pucallpa) ha estado vinculada a la destrucción ambiental y a violaciones de derechos que afectan a Santa Clara de Uchunya y a otras comunidades indígenas de la región de Ucayali...

La fragmentación y división en la comunidad de Santa Clara de Uchunya, que coincide con la presencia de Ocho Sur en su territorio ancestral, también ha sido documentada. La evidencia sugiere que los presuntos intentos de la empresa de interferir en las estructuras de gobernanza indígena en Santa Clara de Uchunya no son un hecho aislado...

Una grabación de audio difundida por Ecos TV reveló que el abogado Augusto Borja Zárate admitió en una conversación de WhatsApp que “Ocho Sur me ha contratado como abogado y quiere que trabaje con San Francisco”.
Aunque posteriormente el abogado y la empresa lo negaron, la situación generó tal alarma que el 22 de noviembre de 2024 decenas de miembros de la comunidad de San Francisco se movilizaron coreando “fuera Ocho Sur” para expresar su rechazo a la empresa y a su presunta injerencia en la gobernanza comunitaria.

Este prolongado conflicto interno parece haber sido resuelto mediante una resolución judicial... Organismos internacionales de derechos humanos, incluidos el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, han expresado preocupaciones en relación con Ocho Sur y sus vínculos con presuntas violaciones de derechos humanos en Santa Clara de Uchunya...

FPP considera esto como un intento de criminalizar a quienes históricamente han apoyado a la comunidad en sus esfuerzos por defender su territorio. También pone de relieve cómo la asunción del cargo de un jefe representado por abogados financiados por la empresa ha obstaculizado los esfuerzos por exigir responsabilidades tanto a los invasores como a la propia empresa. Como mínimo, estos actos de criminalización parecen haber tenido como objetivo silenciar a los defensores del territorio que denuncian el ingreso de invasores al territorio comunal desde la plantación de Ocho Sur y que han vinculado dichas invasiones con la vía de acceso en las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público...

La Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos ha manifestado expresamente su preocupación por estas presuntas campañas de desprestigio en los medios y los aparentes intentos de criminalizar a los profesionales del derecho mencionados en esas denuncias. Cabe destacar que dichas denuncias no prosperaron y que el Ministerio Público archivó la investigación penal contra FPP, IDL y FECONAU por falta de pruebas. La carta de Ocho Sur, enviada un año después del cierre de la investigación, no menciona este resultado, una omisión difícil de conciliar con su afirmación de transparencia...

FPP mantiene la exactitud e integridad de su documentación, así como su respaldo a los miembros de la comunidad y a los defensores territoriales de Santa Clara de Uchunya que continúan defendiendo su territorio ancestral enfrentando riesgos personales significativos...

(Traducción por el Centro EDH)