Tras denunciar diversas irregularidades en el proceso de revisión de un proyecto de Laguna Gold (parte de Equus Mining), en el que el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén habría rechazado la participación de la ciudadanía en la revisión de un proyecto para establecer 101 plataformas de prospección minera, la sociedad civil espera que la decisión de la Corte Suprema de declarar este tipo de procedimientos como ilegales, pese al lobby de políticos locales y diversos intereses económicos, pueda replicarse en otros casos similares para la protección de los derechos de las comunidades.