Numerosos municipios colombianos han hecho uso del derecho constitucional a la consulta popular para decidir respecto de proyectos mineros, petroleros o hidroeléctricos, con el argumento de la defensa de su derecho a la tierra/territorio, al acceso al agua, a la alimentación y al trabajo. En respuesta a ello, no sólo el gobierno, a través, por ejemplo, del Ministerio de Minas y Energía, y las empresas, como Mansarovar Energy (parte de Oil & Natural Gas Corp. y Sinopec) están recurriendo a acciones constitucionales (de tutela o amparo), para frenar o revertir las decisiones que se toman en las consultas.