Pese a la decisión de la Corte Constitucional que ordenó a las autoridades ambientales la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, al terminarse la concesión de 14 años a la empresa de turismo Aviatur, y a las concesiones para la construcción de un hotel de siete estrellas en territorio de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sectores empresariales de la hotelería y el turismo, así como de monocultivos de banano y palma estarían ejerciendo presión, apoyados por sectores políticos del partido de gobierno, para evitar que se tomen en cuenta las necesidades y peticiones de los pueblos indígenas sobre sus derechos, acusándolos de estar contra el desarrollo.