Desde la lucha contra la deforestación y la minería ilegal en la Amazonia hasta la preocupación por los efectos de los megaproyectos y la crisis climática, los pueblos indígenas, los/as líderes comunitarios, las personas defensoras del medio ambiente, las personas campesinas y trabajadoras desempeñan un papel fundamental en la protección de sus derechos, territorios, recursos naturales y medio ambiente en toda América Latina y el Caribe. Todo ello, mientras viven en un entorno frecuentemente hostil, en el que a menudo no pueden expresarse libremente y en el que cuestionar el poder de las empresas puede resultar extremadamente peligroso o incluso mortal. A pesar de estas peligrosas circunstancias en las que las personas defensoras de los derechos humanos realizan su trabajo, el sistema interamericano de derechos humanos está demostrando un verdadero liderazgo en áreas clave de la legislación y políticas para protegerlas. El resto del mundo, incluidos otros bloques regionales y actores empresariales que actúan en todo el planeta, deberían tomar nota de ello.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (el Centro de Información), junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participaron recientemente en una audiencia pública sobre los impactos causados por las empresas en los derechos humanos en América Latina, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado el papel cada vez más importante que la CIDH y los organismos afines desempeñan en la difusión de información sobre los impactos en los derechos humanos derivados de las prácticas empresariales irresponsables, así como en el fortalecimiento de la rendición de cuentas por los daños que causan. El Centro de Información y el CEJIL instaron a la CIDH a elaborar estándares para la protección de las personas defensoras en el contexto del acoso judicial, en particular ante el uso de acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPP) por parte de las empresas, y a subrayar el deber de los Estados en sancionar a las empresas por abusar del sistema judicial para intimidar y silenciar a las personas defensoras. En particular, pedimos a la Comisión que analice las actuales leyes anti SLAPP que se han puesto en marcha en otras partes del mundo, para construir estándares regionales. De hecho, las normas regionales ayudarían a establecer igualdad de condiciones para la protección de las personas defensoras y asegurarían la coherencia en los deberes de los Estados y de las actividades de las empresas a través de las diferentes jurisdicciones nacionales en América Latina y el Caribe.

Esta intervención partió de la dura realidad de que América Latina y el Caribe es una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras que intentan visibilizar las actividades empresariales perjudiciales. Nuestro informe de septiembre de 2023 reveló que se han presentado 1976 ataques en la región, entre ellos, asesinatos, acoso judicial, amenazas de muerte, desapariciones y otras formas de intimidación. Según este informe, el 86 % de los ataques se produjeron en Honduras, México, Brasil, Colombia, Perú y Guatemala. Los sectores más peligrosos para las personas defensoras en la región son la minería, la agroindustria, las energías renovables, la explotación forestal y la madera, así como el petróleo, el gas y el carbón. Dada la escala prevista de la extracción de minerales necesaria para contribuir a la transición energética, así como el correspondiente despliegue de instalaciones de energía eólica y solar, es fundamental que los gobiernos de toda América Latina y el Caribe aprueben legislaciones que reconozcan el papel vital de las personas defensoras y su derecho a defender los derechos, incluso en el marco del urgente proceso de transición mundial hacia las energías renovables. Además, deben reforzar o implementar mecanismos de protección para las personas defensoras y políticas públicas de derechos humanos para las actividades mineras que cumplan con las normas de derechos humanos interamericanas y de las Naciones Unidas. La escalada documentada de ataques letales y no letales contra las personas defensoras muestra claramente que los gobiernos de América Latina y el Caribe incumplen su deber de proteger los derechos humanos y que las medidas de carácter voluntario por parte de las empresas son insuficientes para asegurar el respeto de los derechos humanos.

El sistema interamericano de derechos humanos es un terreno especialmente fértil para tomar medidas en esta materia. Por ejemplo, el Tercer informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana es una oportunidad importante para sacar a la luz las dificultades a las que se enfrentan las personas defensoras y aclarar el papel de los Estados y de las empresas en su protección. La próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos supone asimismo una ocasión crítica para que la Corte elabore estándares con el fin de que los Estados salvaguarden a las personas defensoras en el contexto de las actividades corporativas perjudiciales relacionadas con la crisis climática, así como para que se reconozcan las expectativas fundamentales del derecho internacional en materia de protección de las personas defensoras por parte de las empresas. Consulte los comentarios públicos del Centro de Información sobre la opinión consultiva aquí.

Asimismo, la implementación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú), que entró en vigor en abril de 2021, podría llegar a ser otra herramienta esencial para mejorar la protección de las personas defensoras en América Latina y el Caribe. Este tratado refuerza el vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente al concretar las obligaciones, entre otras, para que los Estados garanticen un entorno seguro y propicio para las personas defensoras, adopten medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos e investiguen y castiguen cualquier ataque contra estas personas. El instrumento jurídicamente vinculante previsto para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales también podría desempeñar un papel importante en la protección de las personas defensoras y en el fortalecimiento del acceso a los recursos en la región. El último borrador de este instrumento, publicado en 2023, hace hincapié en que las personas defensoras tienen un papel significativo y legítimo en la promoción del respeto de los derechos humanos por parte de las empresas comerciales, y que los estados tienen la obligación de tomar “todas las medidas adecuadas para garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de dicho papel”.

En América Latina y el Caribe, la rendición de cuentas por parte de las empresas se verá considerablemente reforzada gracias a la participación de las instituciones y la aplicación de los tratados y los estándares de derechos humanos en constante desarrollo que también podrían servir de guía para el resto del mundo. Mientras tanto, las empresas pueden desempeñar un papel crucial en la mejora de las prácticas voluntarias, reconociendo públicamente que las personas defensoras son aliadas fundamentales para ayudar a las empresas a cumplir sus responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptando y aplicando compromisos políticos en los que se reconozca el valioso papel de las personas defensoras y las dificultades a las que se enfrentan, así como comprometiéndose a adoptar una política de tolerancia cero hacia las represalias. Además, es fundamental que las empresas también garanticen una consulta efectiva y un compromiso sólido con las personas defensoras en todas las fases del proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos. Esta idea está ganando apoyos en todo el mundo, incluso en los debates en torno a la Directiva de la Unión Europea sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, donde algunas empresas han mostrado su liderazgo y han apoyado públicamente la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas, las personas defensoras y la participación significativa de las partes interesadas.