En 2025, el Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) documentó cerca de 800 ataques reportados (790) contra personas defensoras en 80 países, que denunciaron preocupaciones sobre los riesgos e impactos negativos sobre los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales. Esto implica más de dos ataques en promedio por día y más de lo que hemos registrado en un solo año desde 2020. Casi un tercio de los ataques (30%) fueron contra pueblos indígenas, que constituyen solo el 6% de la población mundial.

Las luchas que definieron al 2025 —desde la justicia climática y los derechos sobre la tierra hasta las movilizaciones contra el genocidio y la soberanía indígena— han demostrado lo profundamente interconectadas que están estas cuestiones. Nuestro análisis destaca una convergencia creciente entre “securitización”—el proceso por el cual los problemas se presentan como amenazas existenciales para la seguridad nacional— y la captura corporativa, reforzada por el uso de tecnologías digitales para restringir el espacio cívico. Este panorama en evolución está impulsando una erosión de las libertades cívicas y está incrementando los riesgos para las personas en todo el mundo.

Las actividades empresariales irresponsables están en el centro de muchas de estas dinámicas. Cuando las empresas no ejercen una debida diligencia sólida en materia de derechos humanos ni adoptan compromisos de tolerancia cero ante ataques contra personas defensoras, aumentan sus riesgos legales, financieros y reputacionales, no cumplen con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y pueden estimular entornos represivos.

Para identificar riesgos y cumplir con esta responsabilidad, se debe comenzar escuchando a las personas defensoras: aquellas que identifican los daños en etapas tempranas, comparten alternativas viables y señalan el camino hacia prácticas empresariales que respeten los derechos, garanticen la prosperidad compartida y apoyen economías más justas y sostenibles. Las personas defensoras son líderes en el avance hacia una transición energética justa —transición que se centre en los derechos, la prosperidad compartida y la sostenibilidad— para afrontar la crisis climática. Acelerar proyectos empresariales sin consultar de forma significativa a los titulares de derechos es un generador crítico de ataques contra las personas defensoras y corre el riesgo de destruir la confianza pública necesaria para mantener la salud de nuestras democracias y lograr una transición energética justa.

En 2025, muchas personas en todo el mundo actuaron para impulsar una transición energética justa, exigir una gobernanza democrática y responsable, y protestar contra el genocidio y el papel del sector privado en la perpetuación de daños relacionados. Denunciaron valientemente el retroceso democrático, los riesgos de represalias y las crecientes restricciones a sus derechos a la libre expresión, asociación y reunión.

Los 790 ataques documentados en 2025 fueron contra pueblos indígenas, jóvenes, mujeres defensoras, periodistas, personas defensoras del clima y el medio ambiente, y muchas otras, que denunciaron los riesgos y perjuicios de los actores empresariales que afectan a individuos, sus familias, comunidades y la participación pública en la sociedad en general.

Los ataques documentados por el Centro EDH se basan en información pública y, por tanto, representan solo una imagen parcial de la verdadera magnitud de los ataques. Muchos ataques nunca se comparten públicamente debido a preocupaciones de seguridad y a la severidad de las restricciones al espacio civil, incluida la libertad de prensa. Los gobiernos también están fallando en gran medida en su deber de vigilar los ataques.

Las regiones más peligrosas para las personas defensoras que denunciaban estos riesgos sobre las empresas fueron América Latina y el Caribe (329) y Asia y el Pacífico (234). Los países donde registramos el mayor número de ataques reportados contra personas que se manifestaron sobre riesgos y daños relacionados con las empresas en 2025 fueron Brasil (68), Filipinas (53), Honduras (45), México (41), Uganda (40), Indonesia (38), Argentina (34), India (32), Ecuador (31) y Panamá (27).

Empresas asociadas con el mayor número de ataques

Sin embargo, incluso en los casos en que agentes estatales sean los responsables directos, las empresas pudieran seguir siendo vinculadas a ataques, por ejemplo cuando solicitan a la policía o a la seguridad estatal que dispersen protestas pacíficas o huelgas de personas trabajadoras, o difundiendo desinformación sobre personas defensoras que puede usarse en campañas de difamación o criminalización.

Además, todas las empresas tienen la responsabilidad de mantener una consulta segura y significativa con las personas defensoras desde el principio y durante todo su proceso de debida diligencia. Este es un paso clave para prevenir ataques y conflictos. Además, consultar con las personas defensoras es un paso fundamental para reducir riesgos para las empresas e inversionistas. Cuando las empresas no participan en una interacción significativa de las partes interesadas con las comunidades y personas defensoras afectadas, no podrán conocer la escala completa de riesgos asociados a sus operaciones, cadenas de valor y relaciones comerciales. Las personas denunciarán esos riesgos a través de protestas y otras vías, aumentando el riesgo de conflicto, así como los riesgos reputacionales y pérdidas financieras.

Esto es especialmente evidente en el contexto de la transición energética: cuando las empresas dedicadas al despliegue de energías renovables o a la minería de minerales en transición no tienen como su eje central los derechos humanos ni una participación sólida de las partes interesadas, corren el riesgo de aumentar el conflicto, perder la confianza pública y perder el rumbo de la transición energética justa. Cuarenta y dos de los ataques registrados en 2025 fueron contra personas defensoras que expresaron preocupación por al menos una de las casi 300 minas examinadas por nuestro Monitor de Minerales de Transición. Además, dos de los cinco proyectos o empresas más asociados con el mayor número de ataques en 2025 fueron minas que extraen cobre, que se utiliza en aerogeneradores, paneles solares, infraestructuras de red eléctrica y estaciones de carga y motores de vehículos eléctricos.

La acción urgente es esencial para abordar la crisis climática, pero la transición no será rápida ni sostenible si en el proceso vulnera derechos. Las empresas pueden evitar retrasos y la pérdida de apoyo público garantizando el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas defensoras, y priorizando la prosperidad compartida de las comunidades locales en proyectos de transición de energías minerales y renovables.  

Actualmente estamos experimentando una alarmante convergencia de gobernanza securitizada, captura corporativa, deterioro del orden internacional basado en normas y una impunidad generalizada ante daños graves, tanto por parte de Estados como de actores empresariales. Aunque estas dinámicas no son nuevas, su creciente alineación, rapidez y escala están moldeando el entorno en el que opera la sociedad civil. Juntos, están acelerando el menoscabo de la democracia y las libertades cívicas y aumentando los riesgos para las personas defensoras y las comunidades a las que apoyan en todo el mundo.

Para las empresas, esto no es un problema periférico: el espacio cívico reducido limita el acceso de empresas e inversionistas a la información sobre los riesgos y perjuicios para los derechos humanos y ambientales, aumentando sus riesgos operativos, financieros, legales y reputacionales. Tanto empresas como sociedad civil se benefician del respeto a las libertades cívicas, la gobernanza responsable y el estado de derecho. Los contextos con espacio cívico abierto tienen más probabilidades de ser entornos operativos estables y predecibles para las empresas.

¿Seguridad para quién? Narrativas de seguridad, poder corporativo y espacio cívico

En todo el mundo, los gobiernos utilizan cada vez más narrativas basadas en la seguridad para justificar restricciones al espacio cívico y deslegitimar la disidencia. Líderes comunitarios, personas defensoras ambientales, sindicalistas, periodistas y apersonas que ejercen la abogacía  que desafían prácticas empresariales dañinas son frecuentemente retratados como "extremistas", "terroristas", contrarios al interés nacional o amenazas a la estabilidad. Este marco permite a las autoridades aplicar leyes antiterroristas, seguimientos, despliegue de policía militar y procesos penales contra individuos y grupos que denuncian preocupaciones legítimas, especialmente en sectores considerados económica o estratégicamente importantes. Como resultado, las personas defensoras que se oponen a actividades corporativas dañinas enfrentan crecientes riesgos de intimidación, criminalización y violencia, comprometiendo la seguridad de sus familias, comunidades y sociedades.

Además, se utilizan narrativas de seguridad para acelerar proyectos extractivos, como la minería de minerales de transición, lo que trae como resultado daños a los derechos humanos y al ambiente. Cuando los proyectos económicos se presentan como asuntos de seguridad nacional, la oposición a ellos es más fácil de criminalizar.

Está surgiendo una dinámica similar en contextos afectados por conflictos, donde las empresas ofrecen productos, servicios o asociaciones que permiten a actores estatales y no estatales participar en la represión y la violencia, tanto a nivel nacional como a través de las fronteras.

Nuestros datos muestran múltiples casos de ataques contra activistas y periodistas que ponen de manifiesto la complicidad corporativa presunta en conflictos y genocidios. Un ejemplo destacado fueron las sanciones estadounidenses contra Francesca Albanese, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino, por exponer la supuesta complicidad empresarial en el genocidio de Gaza. Personas manifestantes en Ferias de Armamentos que protestaban contra empresas que vendían armas a Israel fueron detenidas en Estados Unidos, Turquía, Suiza y Francia, mientras que activistas en Nueva Zelanda sufrieron violencia por protestar contra la militarización de la tecnología aeroespacial y su uso contra poblaciones civiles. Una periodista en Canadá fue sometida por la fuerza y arrestada por la policía por cubrir protestas contra la feria de armas CANSEC; estas protestas tenían como blanco a empresas vinculadas a la venta de armas a Israel y la guerra en Gaza. Además, 60 personas manifestantes fueron supuestamente atacadas con gases lacrimógenos, porras y perros policía en Dinamarca, mientras que tres  personas manifestantes fueron detenidas en Finlandia por condenar el supuesto transporte de equipamiento militar a Israel por parte de la naviera Maersk. En diciembre de 2025, el Centro EDH invitó a Maersk a responder a estas acusaciones; respondió y afirmó que la empresa respeta plenamente el derecho democrático a protestar pacíficamente.

Paradójicamente, la rápida escalada de las narrativas de seguridad debilita la propia seguridad que afirma proteger. Silenciar a las personas defensoras oculta abusos y permite que las prácticas empresariales dañinas continúen sin control, atizando conflictos, inestabilidad y riesgos económicos a largo plazo. Un enfoque integral de seguridad, articulado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, incluye la necesidad de reconocer a las personas defensoras como actores esenciales en la salvaguardia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la cohesión social, y asegurar que la actividad empresarial no contribuya a narrativas o prácticas que pongan en peligro a esas personas defensoras.

Captura corporativa, lobby y el menoscabo de la rendición de cuentas

La influencia corporativa en la toma de decisiones políticas está transformando los entornos regulatorios y debilitando la protección de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Mediante el lobby o cabildeo, el acceso privilegiado a los responsables políticos y la presión sostenida durante las negociaciones legislativas, las empresas pueden diluir las salvaguardas diseñadas para prevenir y remediar los daños a los derechos humanos relacionados con las empresas y garantizar una participación significativa con las personas defensoras y las comunidades afectadas, incluidas las leyes obligatorias de derechos humanos y de debida diligencia ambiental.

Una investigación del Centro de Investigación sobre Multinacionales [SOMO por sus siglas en ingés] reveló cómo el poderoso lobby de las empresas de combustibles fósiles y las asociaciones empresariales socavaron la Directiva Europea de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Esta ley histórica aprobada por la Unión Europea en mayo de 2024 tenía como objetivo responsabilizar a las empresas por los daños a los derechos humanos y ambientales en las cadenas de suministro globales y contó con el apoyo de muchas empresas europeas. Sin embargo, una vez el presidente de la Comisión Europea anunció el desarrollo de la propuesta Ómnibus para reformar varias leyes de sostenibilidad de la Unión Europea (incluida la CSDDD), el lobby de algunos actores empresariales irresponsables continuó a un nuevo nivel.

Según SOMO, estos actores empresariales, incluida ExxonMobil, impulsaron la eliminación de los planes obligatorios de transición climática, la eliminación de la disposición armonizada de responsabilidad civil y la limitación de las obligaciones proactivas de debida diligencia de las empresas hacia sus proveedores directos (nivel 1). Aunque la debida diligencia basada en riesgos sobre los daños a lo largo de toda la cadena de suministro —más allá del nivel 1— finalmente se mantuvo, la presión sostenida contribuyó a la adopción de enmiendas a la CSDDD en febrero de 2026 que revocaron algunas de sus protecciones y complicaron el acceso a la reparación para las comunidades afectadas, al tiempo que redujeron la seguridad jurídica para las empresas. En particular, las enmiendas Ómnibus limitaron drásticamente el alcance de las empresas cubiertas por la ley. El Centro EDH invitó a ExxonMobil a responder; No lo hizo.

Los requisitos de compromiso de las partes interesadas de la CSDDD también se debilitaron al limitar las etapas de debida diligencia en las que debe producirse dicha participación, lo que incrementa el riesgo de enfoques inadecuados de mero cumplimiento formal dado que la práctica efectiva, conforme a la ley, puede aun requerir la participación en etapas posteriores dependiendo del contexto. Además, la versión Ómnibus ya no menciona explícitamente a las organizaciones de la sociedad civil (ni a las instituciones nacionales de derechos humanos) en la definición de partes interesadas. Con esto se pierde la oportunidad de aclarar más expresamente que estas y otros actores relacionados, especialmente las personas defensoras, desempeñan papeles clave en la intersección en un compromiso significativo bajo la CSDDD como "representantes legítimos", "expertos" o individuos y comunidades "directamente afectados", tal como aún se incluye en diferentes artículos y considerandos. A pesar de un debilitamiento significativo, la CSDDD sigue siendo un logro fundamental y proporciona una nueva herramienta para que las comunidades afectadas busquen la responsabilidad corporativa.

Algunos grupos de la sociedad civil también han documentado un intento deliberado y sistemático por parte de grandes empresas tecnológicas de debilitar las protecciones de los derechos humanos y socavar la democracia, incluyendo en la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Kenia e India. Esto perjudica a las empresas responsables, la democracia, el pleno disfrute de las libertades cívicas y el respeto al Estado de derecho son centrales para un crecimiento económico sostenible.

A medida que las salvaguardas regulatorias se diluyen y se retrasa la aplicación, las personas defensoras se quedan operando en entornos donde la mala conducta corporativa es más difícil de cuestionar. La captura corporativa también moldea las narrativas públicas sobre proyectos empresariales, contribuyendo a justificar el silenciamiento de la disidencia. Esto no solo aumenta el riesgo de represalias, seguimientos y criminalización, sino que también erosiona el apoyo público a la legitimidad del trabajo de las personas defensoras. La influencia corporativa sobre la política gubernamental contribuye a generar un clima en el que denunciar los daños relacionados con las empresas se vuelve más peligroso, a la vez que las vías de rendición de cuentas se reducen.

La instrumentalización de la tecnología frente al espacio cívico

La tecnología se utiliza cada vez más como arma para socavar la democracia, reducir el espacio cívico y silenciar a las personas defensoras. Global Witness, IM Defensoras y otras han documentado el mal uso de herramientas digitales por parte de actores estatales y no estatales para intimidar, desacreditar y criminalizar a quienes denuncian abusos e injusticias.

Las campañas de difamación en línea se han convertido en una táctica habitual para socavar a activistas y movimientos sociales. En los últimos años, organizaciones y grupos de la sociedad civil han sido atacados públicamente mediante arremetidas coordinadas en plataformas de redes sociales. Por ejemplo, tanto Valerie Costa, organizadora del movimiento de protesta Tesla Takedown, como el Frente Nacional Antiminero (FNA) en Ecuador fueron difamados en la red social X. Elon Musk acusó públicamente a Costa de "cometer delitos" y difundió información falsa sobre la financiación de su organización, mientras que Curimining supuestamente declaró en X que el FNA estaba "aliado con el crimen organizado y la minería ilegal". El Centro EDH invitó a Tesla y Curimining a responder; ninguno respondió.

Estas formas de ataques digitales suelen dirigirse de forma desproporcionada a mujeres y a personas defensoras de derechos humanos con diversidad de género, e incluyen acoso, discurso de odio de género, seguimientos selectivos, el doxeo1 y abusos basados en imágenes y vídeos. Según una encuesta de ONU Mujeres en diciembre de 2025, el 70% de las defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas que respondieron dijeron haber experimentado violencia en línea durante su trabajo. Más del 40% dijo haber sufrido ataques offline vinculados a este abuso digital, incluyendo agresiones físicas o sexuales, acoso, acoso verbal y “swatting”, una táctica para que las autoridades acudan a un lugar mediante una falsa acusación de violencia en el interior.

Al mismo tiempo, se despliegan tecnologías de seguimiento y herramientas de policía predictiva bajo el pretexto de seguridad y eficiencia. Las personas que hacen activismo son frecuentemente perfiladas erróneamente como riesgos de seguridad debido a modelos tendenciosos o datos deliberadamente sesgados o manipulados. La investigación de Amnistía Internacional sobre la represión de las protestas lideradas por la Generación Z en Kenia documenta cómo las autoridades utilizaron la vigilancia en redes sociales, la vigilancia digital y el acoso en línea como armas para identificar manifestantes, difundir desinformación y justificar detenciones, demostrando cómo las herramientas digitales son ahora centrales para la represión de protestas en lugar de medidas excepcionales. En Zimbabue, Huawei y CloudWalk fueron acusados de vender tecnología de vigilancia por reconocimiento facial, facilitando una vigilancia extensa de periodistas. Desde el software espía y la recopilación masiva de datos hasta el perfilado algorítmico de riesgos, estos sistemas permiten a las autoridades atacar de forma preventiva a activistas y normalizar la vigilancia constante. En diciembre de 2025, el Centro EDH invitó a Huawei y CloudWalk a responder; no lo hicieron. Como dejan claro estos ejemplos, las empresas juegan un papel central en la instrumentalización de la tecnología contra el espacio cívico. Las empresas desarrollan, venden y mantienen los sistemas utilizados para hacer seguimientos, perfilar y reprimir activistas, periodistas, sindicalistas y líderes comunitarios. Incluso cuando las tecnologías se comercializan con fines legítimos de seguridad u orden público, las débiles salvaguardas, los contratos opacos y la debida diligencia insuficiente en materia de derechos humanos permiten su mal uso.

Estas tendencias socavan la participación democrática al menoscabar la confianza, enfriar la disidencia y concentrar el poder entre las grandes empresas tecnológicas y líderes autoritarios – debilitando el espacio cívico y limitando el debate y, en última instancia, perjudicando a personas y empresas.

Ante el creciente autoritarismo, la represión del espacio cívico y el desprecio por el Estado de derecho, la gente en todos los países del mundo se está movilizando y luchando por sus derechos. Esto se basa en muchos años de organización comunitaria, protestas no violentas y desobediencia civil que han dado como resultado importantes victorias compartidas para la humanidad y nuestro planeta.

La desobediencia civil es una forma protegida de protesta bajo el derecho internacional de los derechos humanos que implica violaciones deliberadas de la ley de forma pública y no violenta sobre un asunto de interés público. A medida que la crisis climática empeora y se cierran los canales para denunciar preocupaciones sobre los riesgos ambientales, algunas personas están participando en actos de desobediencia civil para evitar más daños, incluyendo la ocupación de espacios públicos y la interrupción de actividades empresariales. En lugar de entender estas acciones como la identificación de riesgos legítimos de derechos humanos y ambientales y abordar los problemas de raíz, los actores estatales y empresariales están respondiendo a estas formas de protesta con una represión y ataques crecientes.

Como ha dicho el Relator Especial de la ONU sobre Personas defensoras del Medio Ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, "La emergencia ambiental a la que nos enfrentamos colectivamente, y que la ciencia lleva décadas documentando, no puede abordarse si las personas que dan la alarma y exigen acción son criminalizadas por ello. La única respuesta legítima al activismo ambiental pacífico y a la desobediencia civil en este momento es que las autoridades, los medios de comunicación y el público comprendan lo esencial que es que todas las personas escuchemos lo que tienen que decir las personas defensorasambientales." Michel Forst publicó posteriormente las Directrices sobre el Derecho a la Protesta Ambiental Pacífica y a la Desobediencia Civil para ayudar a los estados a garantizar que los manifestantes ambientales pacíficos no sean penalizados, perseguidos o acosados por su participación.

Es posible un mundo en el que las empresas respeten los derechos humanos y contribuyan a avanzar en la sostenibilidad ambiental. La acción más importante que pueden tomar las empresas para prevenir ataques a las personas defensoras y minimizar sus propios riesgos es no violar derechos desde el principio. Muchas personas — personas defensoras, personal de derechos humanos y sostenibilidad en empresas, inversionistas responsables y algunos funcionarios gubernamentales— están trabajando para hacer realidad esta visión. En el vídeo que aparece a continuación, las personas defensoras comparten sus perspectivas, incluso aquello que les da esperanza para crear un mundo en el que las empresas respeten los derechos humanos.

Hay una guía clara para empresas, inversionistas y gobiernos sobre cómo llegar a ese punto; consulta aquí nuestras recomendaciones detalladas.